La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) emitió una respuesta oficial ante la solicitud realizada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien había pedido la suspensión de la señal de telefonía móvil en las cárceles del país. La medida tiene como objetivo dificultar las actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios, pero Asetel advirtió que la implementación de esta medida podría generar consecuencias no deseadas para las comunidades cercanas a las prisiones.
En su declaración, Asetel explicó que el corte de señal en zonas cercanas a las cárceles podría afectar negativamente a viviendas, pequeños negocios y otras empresas ubicadas en áreas donde coexisten centros penitenciarios y actividades productivas. De acuerdo con la asociación, las telecomunicaciones móviles son vitales para el día a día de muchas personas y empresas en estas áreas, y su desconexión indiscriminada podría generar un impacto significativo en la economía local y en la vida de los ciudadanos.
En este contexto, Asetel hizo un llamado a la autoridad de telecomunicaciones del país, ofreciéndose para trabajar de manera conjunta con las autoridades para encontrar soluciones técnicas más específicas. La asociación sugirió que, en lugar de cortar por completo la señal en estas áreas, se podrían aplicar restricciones técnicas más precisas que no afecten a toda la población, sino solo a las actividades dentro de los centros penitenciarios.
La respuesta de Asetel llega en un momento en el que el Gobierno está buscando maneras de reducir la violencia y las actividades ilícitas dentro de las cárceles, donde se reportan frecuentes casos de extorsión, tráfico de drogas y otras actividades criminales. La solicitud de cortar la señal de telefonía móvil en estos lugares es parte de un conjunto de medidas para fortalecer la seguridad y el control dentro de las prisiones. Sin embargo, las propuestas de Asetel destacan la necesidad de balancear la seguridad con el bienestar de las comunidades circundantes.
Además, Asetel hizo énfasis en que las operadoras telefónicas están comprometidas en colaborar con el Gobierno para encontrar soluciones eficaces, pero que se deben considerar las implicaciones legales y sociales de cualquier acción que afecte a las redes de telecomunicaciones. La asociación subrayó que un enfoque generalizado podría generar problemas para usuarios comunes, que se verían privados del acceso a los servicios de telecomunicación.
En conclusión, Asetel reiteró su disposición a trabajar en conjunto con las autoridades, pero destacó la necesidad de tomar en cuenta las realidades sociales y económicas de las zonas afectadas, proponiendo soluciones que puedan restringir el uso de telefonía móvil en las cárceles sin perjudicar a la población en general.
