La Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para votar en segundo y definitivo debate un proyecto clave que podría modificar aspectos centrales del proceso electoral. Las reformas al Código de la Democracia incluyen nuevas disposiciones sobre la organización de los debates presidenciales y ajustes en el régimen de multas por infracciones electorales.
El paquete de reformas fue desarrollado por la Comisión de Justicia del Legislativo y será discutido este martes, 6 de mayo de 2025, desde las 06:00, según lo establecido por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien convocó formalmente a los asambleístas para tratar el tema como el tercer punto del orden del día.
Entre las modificaciones propuestas destaca un rediseño del formato de los debates presidenciales, con el objetivo de garantizar mayor equidad, profundidad en los temas abordados y participación más activa de la ciudadanía. Las nuevas reglas incluirían lineamientos más estrictos sobre el tiempo de intervención, temas obligatorios y sanciones por incumplimiento de asistencia o comportamiento inapropiado de los candidatos.
Por otro lado, se plantea una revisión de las sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en faltas electorales, tanto por parte de candidatos como de partidos políticos. Esto busca fortalecer el respeto al marco normativo y mejorar la transparencia en los procesos de campaña y sufragio. La reforma también contempla la posibilidad de elevar las multas en casos de reincidencia o cuando las infracciones afecten gravemente la equidad del proceso.
Estas propuestas surgen en un contexto en el que diversas organizaciones de la sociedad civil y observadores electorales han señalado vacíos en la normativa actual, especialmente en lo relacionado con la eficacia de las sanciones y la utilidad real de los debates como mecanismo de información para los votantes.
La reforma busca responder a esos cuestionamientos y reforzar la confianza ciudadana en el sistema democrático. De ser aprobadas, las nuevas disposiciones entrarían en vigencia de cara a los siguientes comicios, marcando un antes y un después en la manera en que se gestionan las campañas políticas en el país.
