Con un respaldo mayoritario de 79 votos a favor, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este lunes 5 de mayo de 2025 la Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales, conocida como Ley 59, que tiene como objetivo garantizar los derechos laborales de personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas o de alta complejidad.
Esta nueva legislación responde a una demanda histórica de inclusión y justicia laboral para un sector de la población que enfrenta serias barreras en el acceso y permanencia en el empleo formal. Según el comunicado oficial del Parlamento, la ley busca “hacer justicia con quienes diariamente luchan por su salud y por mantener una vida laboral digna”.
Entre los cambios más relevantes que introduce esta normativa están la regulación del teletrabajo, la posibilidad de implementar jornadas laborales reducidas, así como modalidades flexibles de empleo que se adapten a las condiciones de salud y capacidades de los trabajadores.
La Ley 59 se plantea como un mecanismo que promueve la igualdad de oportunidades en el entorno laboral, obligando tanto al sector público como al privado a ofrecer condiciones justas y adaptadas a las necesidades específicas de este grupo. La normativa también contempla incentivos para los empleadores que incorporen en sus plantillas a personas con discapacidades o enfermedades crónicas complejas.
Además, se establecen sanciones para las instituciones que incumplan estas disposiciones, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la ley. La normativa reformará varios cuerpos legales relacionados con el trabajo, la seguridad social y los derechos de las personas con condiciones de salud especiales.
La aprobación de esta ley ha sido celebrada por colectivos de personas con discapacidad y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han calificado la decisión como un avance significativo hacia un modelo laboral más inclusivo y equitativo en Ecuador.
De ser implementada de forma eficaz, la Ley 59 se convertirá en un pilar fundamental para reducir la discriminación en el ámbito laboral y facilitar el acceso al trabajo digno a quienes han estado históricamente excluidos.
