La Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para una sesión clave este viernes 13 de diciembre, con la finalidad de discutir y resolver la controversia generada por la ley conocida como “antipillos”. Esta ley, destinada a mejorar la recaudación mediante el combate al lavado de activos, fue promulgada por el Presidente Daniel Noboa, a pesar de haber sido previamente rechazada y archivada por la Asamblea.
La oposición en el Parlamento ha depositado su confianza en la Corte Constitucional (CC), esperando que este organismo bloquee la entrada en vigor de la norma. Según Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea, la sesión será crucial para determinar si la promulgación del Decreto Ley por parte del Presidente cumple con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución de Ecuador, que regula el procedimiento legislativo. Vera sostiene que la ley impone más impuestos al pueblo ecuatoriano sin seguir los procesos establecidos por la legislación.
Desde el bloque de gobierno, se defiende la legalidad de la medida, argumentando que el Presidente tenía la facultad de emitir el decreto ley, ya que la Asamblea no cumplió con la obligación de pronunciarse en dos debates dentro del tiempo estipulado de 30 días. Jorge Peñafiel, legislador del bloque Construye, ha criticado la decisión del Ejecutivo, señalando que la ley nunca debió ser publicada en el Registro Oficial después de haber sido rechazada por el pleno de la Asamblea.
Peñafiel también subrayó que la publicación de esta ley representa una violación a los principios democráticos y la independencia de poderes, que son fundamentales para el funcionamiento del Estado ecuatoriano. En sus declaraciones, hizo énfasis en que la ciudadanía está cansada de la carga tributaria y que el gobierno, a su juicio, está empeñado en aumentar los impuestos sin justificación.
Por su parte, el legislador Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), instó a sus colegas a reforzar su postura frente a la ley. Según Luna, es necesario que la Asamblea Nacional clarifique a la población quién defiende el orden constitucional y quién está a favor de medidas que considera autoritarias. Luna también destacó que el proyecto de ley vulnera el artículo 140 de la Constitución, que otorga a la Asamblea el derecho a aprobar, observar, rechazar o archivar proyectos de ley.
En defensa del decreto, el asambleísta oficialista Adrian Castro argumentó que las bancadas de oposición tienen todo el derecho a expresar su desacuerdo, pero aseguró que será la Corte Constitucional quien decidirá sobre la constitucionalidad de la ley. Según Castro, la aplicación de los artículos correspondientes de la Constitución y de la Ley de la Función Legislativa demostrará la legitimidad de la medida adoptada por el Ejecutivo.
Por su parte, Vicente Taiano, coordinador de la bancada socialcristiana, manifestó que la Asamblea Nacional responderá a la decisión del Presidente de emitir el Decreto Ley. En su opinión, el hecho de que una ley tributaria haya sido rechazada por la mayoría de la Asamblea implica que el Gobierno actuó de manera inconstitucional, lo que justifica una demanda de inconstitucionalidad. Taiano señaló que la demanda será respaldada por una resolución que se presentará en la sesión del 13 de diciembre y que tiene como objetivo suspender los efectos de la ley “antipillos” hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.
El tema de la “ley antipillos” se centra en la mejora recaudatoria mediante el combate al lavado de activos, pero la oposición cuestiona su impacto sobre la carga tributaria de los ecuatorianos, especialmente en un contexto de creciente descontento con los impuestos. Se espera que la Corte Constitucional, como máxima instancia judicial, resuelva el conflicto y determine la validez de la ley.
