El 20 de octubre, la Asamblea Nacional de Ecuador realizó el primer debate sobre un proyecto de ley urgente presentado por el Ejecutivo, orientado a abordar la crisis energética que atraviesa el país. Aunque los legisladores reconocieron que esta legislación no resolverá de inmediato los problemas energéticos, es un paso hacia la promoción de la inversión privada en energías renovables.
Durante una sesión virtual, los asambleístas revisaron el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Se enfatizó la necesidad de que esta propuesta no se convierta en una versión 2.0 de “no más apagones”. Los legisladores pidieron que se amplíen los incentivos y las garantías soberanas para facilitar nuevos proyectos de generación de energía y propusieron que las empresas privadas colaboren con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Un total de 25 asambleístas participaron en el debate, presentando observaciones sobre la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis. Estas observaciones serán consideradas en futuras deliberaciones.
La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo, explicó que existen actualmente 38 proyectos en el Ministerio de Energía y Minas, con una capacidad de hasta 100 MW. Con la nueva ley, estos proyectos podrán seguir un proceso más ágil, que no tomará más de seis meses para su concesión.
Centeno destacó que en los primeros diez meses del gobierno de Daniel Noboa, se han invertido más de 350 millones de dólares en nueva generación de energía, lo que ha permitido incorporar 410 MW al Sistema Nacional Interconectado y recuperar el mantenimiento de 485 MW.
Este proyecto de ley busca permitir que el sector privado acceda a proyectos de hasta 10 MW y asegura un procedimiento abreviado para aquellos de 100 MW. La normativa también contempla medidas de seguridad jurídica para los inversionistas, permitiendo que ciertas cláusulas de sus contratos se congelen, lo que les otorgará estabilidad en sus inversiones a corto, mediano y largo plazo. Los mismos incentivos aprobados en la ley energética de enero pasado se mantendrán.
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea y miembro de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), intervino para señalar que los apagones que afectan al sector productivo son consecuencia de un modelo de gestión energético ineficaz desde 2017. Veloz propuso que los GAD participen junto a empresas privadas en la generación y mantenimiento de proyectos energéticos, citando el caso del Municipio de Quito.
Por su parte, Camilo Salinas, coordinador de la bancada Construye, recordó que en la primera ley, “No Más Apagones”, se advirtió sobre la necesidad de abrirse a la inversión privada. Aplaudió la decisión de eliminar el tope de producción de megavatios, lo que permitirá mayor competencia en el sector.
El asambleísta Pedro Velasco (Avanza) defendió el proyecto, afirmando que no busca privatizar el suministro eléctrico. Aclaró que la Constitución prohíbe la privatización de sectores estratégicos, incluida la energía eléctrica, y aseguró que el Estado mantendrá su soberanía en el sector energético.
El debate en la Asamblea se centró en cómo garantizar una regulación adecuada y la participación del Estado en la fijación de tarifas, así como en el posible establecimiento de subsidios para los sectores más vulnerables.
