En una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, el proyecto económico urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa para la mejora de la recaudación a través del combate al lavado de activos fue archivado en primer debate. Con 84 votos en contra, las bancadas de oposición utilizaron el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para invalidar la propuesta, argumentando que violaba el principio constitucional de unidad de materia y que tenía un carácter recaudatorio más que orientado a combatir el crimen organizado.
Rechazo a la propuesta oficialista
El proyecto, que tenía como objetivo modificar la comercialización de vehículos usados para regular mejor los impuestos y combatir el lavado de activos, no fue aprobado por la mayoría de los legisladores. El sector oficialista, representado principalmente por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), se quedó aislado en su apoyo a la iniciativa, mientras que formaciones como Construye, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y los independientes se unieron para archivar la propuesta.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, defendió el proyecto, destacando que no se trataba de un nuevo impuesto, sino de una modificación progresiva en la tributación de los vehículos usados. Aseguró que la medida beneficiaba al 73% de la población, ya que reduciría el porcentaje del impuesto sobre la venta de vehículos de un 1% a un 0.75%. Según Farinango, este ajuste representaba un avance hacia la justicia social y cuestionó quién podría estar en contra de una medida que combate el lavado de activos.
La respuesta de la oposición
Sin embargo, los opositores al proyecto, como el legislador Jorge Peñafiel de la bancada Construye, argumentaron que el proyecto no estaba dirigido a combatir el lavado de activos, sino que, más bien, pretendía incrementar la carga tributaria sobre los ciudadanos. Peñafiel subrayó que la actividad de compraventa de vehículos usados es una práctica cotidiana y que la creación de una nueva tabla de impuestos solo serviría para perjudicar económicamente a la ciudadanía.
El legislador también criticó el intento del gobierno de fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sugiriendo que el proyecto otorgaba a esta entidad facultades excesivas. Según Peñafiel, lo que realmente se necesitaba era dar a la UAFE la independencia legal para investigar los fondos provenientes del crimen organizado, en lugar de convertirla en un aparato de persecución.
Posiciones de otros legisladores
El legislador Vicente Taiano del PSC también defendió el archivo del proyecto, apoyando la argumentación de Peñafiel. Insistió en que el proyecto oficialista no solo incumplía el principio de unidad de materia, sino que era claramente recaudatorio, con el objetivo de poner más impuestos sobre los ciudadanos. Para Taiano, el proyecto rompía principios constitucionales, lo que justificaba su archivo.
Por su parte, José Luis Vallejo (Revolución Ciudadana) calificó la propuesta del Ejecutivo como un intento maquillado para subir impuestos, y también expresó su preocupación por los cambios que el proyecto planteaba en el ámbito deportivo. Según Vallejo, la reforma podría llevar a que los accionistas de los clubes deportivos, en lugar de los socios, decidieran el futuro de los equipos, lo que afectaría el fin social del deporte.
El debate sobre la UAFE y el lavado de activos
El rechazo a la propuesta también estuvo marcado por las críticas a la UAFE, que según los opositores, se vería convertida en una herramienta de persecución en lugar de una institución autónoma que pueda investigar a fondo los fondos ilícitos. El gobierno esperaba que la nueva normativa permitiera recaudar $8.19 millones por impuesto a la renta de sociedades anónimas deportivas, además de otros ingresos derivados de la comercialización de vehículos usados. Sin embargo, no se presentó información detallada sobre las cifras exactas de recaudación de este último impuesto.
La denuncia de amenazas y el contexto político
En medio del debate, el legislador Francisco Cevallos (ADN) denunció que había recibido una llamada amenazante del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, justo cuando se discutía el proyecto contra el lavado de activos. Según Cevallos, esta amenaza se vinculaba con el Barcelona Sporting Club, y acusó a quienes defendían el archivo de la ley de estar protegiendo al crimen organizado.
El legislador Juan Pablo Molina (RC) también criticó duramente la propuesta, recordando que durante la campaña presidencial, Daniel Noboa había prometido no subir impuestos y hasta bajar el costo de productos. Molina sugirió que el Ejecutivo debería presentar proyectos que obliguen a las empresas morosas a pagar más de $800 millones en impuestos, en lugar de seguir aumentando la carga tributaria sobre los ciudadanos.
Conclusión sobre el archivo del proyecto
La decisión de archivar el proyecto pone en evidencia las diferencias políticas dentro de la Asamblea Nacional y el rechazo generalizado a medidas que muchos consideran un intento de aumentar impuestos sin una justificación clara en términos de lucha contra el lavado de activos. A pesar del apoyo oficialista, el rechazo por parte de los partidos de oposición demuestra la falta de consenso sobre el enfoque que debe tomarse frente a la lucha contra el crimen organizado y la recaudación fiscal.
