En una decisión que marca un precedente en la regulación económica del país, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes la Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal, conocida oficialmente como Ley 60. La norma recibió un amplio respaldo legislativo con 114 votos a favor, consolidando así su aprobación en el Pleno.
La nueva legislación tiene como eje central la protección de la libre competencia en todos los sectores económicos del país. Según un comunicado difundido por la Asamblea a través de sus canales oficiales, esta ley busca «sancionar conductas empresariales que se aparten de los principios de buena fe comercial y afecten el equilibrio del mercado».
El cuerpo legal establece sanciones claras para aquellas empresas o individuos que incurran en prácticas consideradas desleales. Estas incluyen comportamientos que perjudiquen los intereses legítimos de otros operadores económicos o que puedan alterar el orden público económico.
Entre las acciones tipificadas como desleales se encuentran la difusión de información falsa sobre un competidor, el engaño al consumidor, la imitación de productos sin justificación, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena y el dumping, es decir, la venta a precios por debajo del costo para eliminar a la competencia.
Esta normativa también establece lineamientos para garantizar la transparencia en la competencia empresarial y promover un entorno de negocios más justo. “Con esta ley se busca equilibrar las reglas del juego entre actores económicos, fortaleciendo así la institucionalidad y la confianza en el mercado ecuatoriano”, señala el comunicado oficial.
Además, la ley considera la posibilidad de que las autoridades de control actúen de oficio o a partir de denuncias verificables, lo que amplía la capacidad del Estado para intervenir en casos donde se detecten irregularidades que distorsionen el libre comercio.
Con la aprobación de esta ley, Ecuador se alinea a estándares internacionales en materia de regulación de mercado, similares a los que se aplican en países de la región y de la OCDE. Se espera que en las próximas semanas se definan los reglamentos que acompañarán a esta normativa para su correcta implementación.
