La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional comenzó el análisis del proyecto de ley urgente presentado por el Ejecutivo, orientado a impulsar la innovación y el fortalecimiento de la gestión pública en Ecuador. Esta iniciativa debe ser estudiada y aprobada en un plazo máximo de 30 días, dada su urgencia económica y social.
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, fue el encargado de explicar los fundamentos de esta propuesta, que apunta a mejorar la calidad y oportunidad del servicio público mediante procesos más eficientes, simplificados y transparentes. Además, busca erradicar la corrupción que ha afectado la contratación pública en el país.
Según Andino, el sistema de contratación pública en Ecuador ha presentado múltiples desviaciones y manipulaciones que han obstaculizado una adecuada administración estatal. Esta problemática motivó a la Función Ejecutiva a impulsar reformas urgentes para garantizar una gestión más responsable y eficaz.
En cifras concretas, durante el año 2024, la contratación pública movilizó aproximadamente 8.000 millones de dólares, lo que representa el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta magnitud resalta la importancia de implementar cambios estructurales que optimicen estos procesos y generen ahorros sustanciales.
El proyecto busca no solo modernizar las plataformas y procedimientos, sino también establecer controles más estrictos para prevenir actos irregulares. De esta manera, se pretende que los recursos públicos sean utilizados de manera más transparente y orientada a resultados, en beneficio directo de la ciudadanía.
La Comisión de Desarrollo Económico ha dado inicio a las sesiones para revisar cada artículo del proyecto, escuchar a expertos y actores involucrados, y evaluar el impacto de estas reformas en la administración pública y en la economía nacional.
La reforma también está alineada con el compromiso del Gobierno de Daniel Noboa de construir un Estado más eficiente, que reduzca burocracias innecesarias y promueva la innovación en sus procesos administrativos.
Con esta iniciativa, se espera impulsar una transformación profunda en la contratación pública que fortalezca la confianza ciudadana y facilite la ejecución de proyectos y servicios en todo el país.
