El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien había comentado sobre las tensiones entre el Gobierno Nacional y el municipio de la ciudad. En una intervención pública realizada la noche del sábado, Álvarez se dirigió al mandatario ecuatoriano, quien había utilizado sus redes sociales para abordar la situación y aclarar que no se trataba de una «persecución» hacia ninguna persona o institución.
Noboa expresó su indignación al observar los problemas que, según él, están afectando a los ciudadanos de Guayaquil debido a las decisiones del Gobierno Municipal. «Es indignación al ver que, en la ciudad donde crecí, afecten a todos los guayaquileños por culpa de un municipio indolente», señaló el presidente, quien también hizo alusión a ciertos incidentes donde el alcalde Álvarez y el Municipio de Guayaquil fueron mencionados en diversas investigaciones.
En respuesta, el alcalde Álvarez ofreció una explicación detallada sobre el proceso que está ocurriendo con la Fiscalía. En su intervención, aclaró que la reciente acción judicial había sido únicamente la instalación de una audiencia de formulación de cargos, y que la instrucción fiscal se abriría para una investigación de 90 días. Álvarez aseguró que, tras este periodo, no existirían elementos suficientes para llevar el caso a juicio.
«Te cuento que esta instrucción fiscal se abre para investigar durante 90 días. Después de eso, si no hay pruebas, el caso debería archivarse», afirmó Álvarez, quien aprovechó para refutar las acusaciones de Noboa sobre presuntos vínculos con gasolineras. Según el alcalde, las gasolineras mencionadas no tienen ninguna relación con él, y desafió al presidente a que investigaran a las compañías en cuestión, ya que sus afirmaciones estaban siendo desmentidas por la misma ARCH.
El alcalde agregó que, a pesar de los intentos de lo que denominó como «peones serviles» de presentar pruebas falsas, la Fiscalía no podría sustentar dichas acusaciones. Aseguró que no se encontrarían elementos para respaldar las denuncias, lo que, según él, debería resultar en el archivo del caso en los próximos meses.
Este cruce de declaraciones marca un nuevo capítulo en la tensión política entre el Gobierno Nacional y el municipio de Guayaquil, con ambas partes intercambiando acusaciones y defendiendo sus posiciones. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene a la espera de cómo se desarrollarán estos hechos en los próximos meses, con un proceso de investigación que aún está en curso y que podría traer consigo nuevos giros y consecuencias políticas para los involucrados.
