La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, ha llevado su caso ante la Corte Constitucional, solicitando que se anule la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que desestimó su denuncia por violencia política de género en contra del presidente-candidato, Daniel Noboa Azín, y otros tres colaboradores de su gobierno.
El 4 de abril de 2025, Abad presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, buscando que se deje sin efecto tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia emitida por el TCE. Ambas decisiones rechazaron la denuncia de la vicepresidenta, quien acusa a Noboa, a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y a los excolaboradores del gobierno Esteban Torres y Diana Jácome de haber incurrido en actos de violencia política de género durante su gestión.
La acción de Abad tiene como objetivo que la Corte Constitucional considere que sus derechos fueron vulnerados y que el caso sea revisado nuevamente. Abad sostiene que la resolución del TCE no tomó en cuenta los elementos necesarios para que se procediera con una investigación más profunda sobre los hechos que ella denuncia. La vicepresidenta argumenta que la violencia política de género debe ser tratada con la seriedad que merece, dado que impacta no solo en su figura, sino en la participación política de las mujeres en el país.
Este caso ha generado un gran debate en el ámbito político y legal de Ecuador, dado que involucra a figuras de alto perfil dentro del gobierno. Si la Corte Constitucional acepta la solicitud de Abad, el caso podría abrir una nueva vía para que se profundice en la denuncia de violencia política de género, algo que podría tener implicaciones significativas para la política ecuatoriana y la lucha por la equidad de género en el país.
El reclamo de la vicepresidenta es parte de un contexto más amplio en el que las mujeres en posiciones políticas han sido cada vez más visibles en cuanto a sus denuncias por violencia política de género. Abad ha señalado que este tipo de violencia no solo es un ataque a la persona que la sufre, sino también a la democracia, ya que limita la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.
En resumen, Verónica Abad ha recurrido a la Corte Constitucional para que se revierta la decisión del TCE y se reabra su denuncia, buscando que se reconozca la violación a sus derechos. La Corte Constitucional deberá analizar si corresponde admitir la acción de protección y, si lo hace, decidir el futuro de esta importante denuncia.
