El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compareció este martes ante la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, en el marco de un proceso de fiscalización sobre los recientes atentados con explosivos registrados en la ciudad, entre ellos el coche bomba del 14 de octubre en el norte del Puerto Principal. Su intervención estuvo marcada por un fuerte cuestionamiento al Gobierno central y a la Fiscalía General del Estado, a quienes acusó de falta de transparencia en las investigaciones.
Durante su alocución, Álvarez centró sus críticas en torno a la presunta relación de un vehículo Porsche con el principal sospechoso del atentado ocurrido el 3 de junio en la Bahía de Guayaquil. Según el alcalde, este automóvil, registrado a nombre de Industrial Molinera, propiedad de la familia del presidente de la República, habría sido visto frente a la vivienda de Iván B., identificado como el presunto autor del ataque.
El alcalde exigió una explicación inmediata sobre la presencia del vehículo en ese lugar. “Si no se esclarece lo del Porsche, vamos a tener dudas de cualquier bomba. Incluso dudo de lo ocurrido en TC Televisión”, señaló Álvarez, refiriéndose al asalto armado al canal ocurrido el 9 de enero de 2024.
El funcionario recalcó que su posición no se basa en conjeturas, sino en hechos comprobables. “No se trata de ciencia ficción, sino de hechos reales. Tenemos video, el Porsche y las placas”, sostuvo.
Tras la detención de Iván B., Álvarez relató que una mujer y un chofer llegaron en el Porsche a la vivienda del sospechoso en la Trinitaria, ingresaron y salieron en varias ocasiones antes de retirarse. Según el alcalde, estos hechos “deben ser esclarecidos con urgencia” para evitar más dudas sobre la veracidad de las investigaciones oficiales.
El burgomaestre cuestionó además la actuación de la Fiscalía General del Estado, que decidió no formular cargos contra Iván B., pese a que el Municipio, a través de Segura EP, y en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas, entregó elementos de convicción suficientes. “¿Cómo puede ser posible que no hayan acusado a Iván B.? El fiscal tenía el disco con la trazabilidad completa del operativo, minuto a minuto”, reclamó.
Álvarez insistió en que lo mínimo que debía hacer la Fiscalía era llamar a declarar al gerente de Industrial Molinera, considerando que debe existir un registro del uso del vehículo. “Tiene que haber una bitácora que indique quién manejaba ese Porsche”, añadió.
Otro punto crítico abordado por el alcalde fue la disputa institucional por el control de las cámaras de videovigilancia en Guayaquil. Recordó que el Gobierno eliminó unilateralmente el convenio con el ECU911 para asumir el control de las cámaras, pero el Municipio mantuvo su sistema operativo a través de Segura EP. “Si no tuviésemos el manejo de las cámaras, el país no se habría enterado de que un Porsche estuvo afuera de la casa de Iván B.”, puntualizó.
En su intervención final, Álvarez hizo un llamado a la verdad y la transparencia. “Queremos un Ecuador de paz, queremos saber la verdad, así nos digan lo que nos digan. No queremos politizar el tema, pero necesitamos respuestas”, expresó ante los asambleístas.
La sesión estuvo marcada por la ausencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de Gobierno, la Policía Nacional y la Fiscalía, hecho que provocó el rechazo de los legisladores. El asambleísta Roque Ordóñez (Revolución Ciudadana) calificó la falta de comparecencia como evidencia de un “gobierno ausente” frente a la crisis de seguridad.
Ordóñez respaldó las declaraciones del alcalde y advirtió que “los silencios son peligrosos en todos los gobiernos”, mientras cuestionó la eficacia del plan Fénix.
Durante el debate, la asambleísta Natali Murillo (ADN) pidió explicaciones a Álvarez por no asistir a la Comisión de Seguridad, lo que generó un intercambio de palabras. El alcalde respondió acusando a la bancada oficialista de selectividad en la fiscalización, al recordar que se negó una investigación sobre la empresa Progen, contratista en la compra de generadores eléctricos. “Ustedes defienden a dedo contratos de 149 millones de dólares con generadores dañados y sin garantías”, replicó.
Finalmente, junto al alcalde participaron el gerente de Segura EP, Álex Anchundia, y el abogado Pedro Granja, quienes ampliaron los detalles sobre los seguimientos y evidencias entregadas a las autoridades judiciales en torno a los atentados registrados en Guayaquil.
