En el marco del caso Confourtable, que involucra a dos juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el respeto a la independencia judicial se ha convertido en un tema candente. La Fiscalía realizó allanamientos en las oficinas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz el viernes 16 de agosto, así como en la residencia de una de ellas. Estos procedimientos forman parte de una investigación por presunto cohecho, y han sido ampliamente comentados en los medios y entre los funcionarios judiciales.
La controversia se originó cuando las juezas, mediante una decisión mayoritaria, aceptaron un habeas corpus solicitado por Wilman Terán, exjuez de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), actualmente implicado en el caso Metástasis. Esta aceptación permitió el traslado de Terán desde la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil hasta la Cárcel 4 en Quito. La sentencia de Tapia y Muñoz se basó en la alegación de que Terán había recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes en La Roca.
El 12 de agosto, las juezas aprobaron el recurso de apelación al habeas corpus correctivo, que había sido rechazado en primera instancia. La decisión de trasladar a Terán se fundamentó en las condiciones inhumanas que se alegó sufría en su anterior lugar de detención.
En respuesta a los allanamientos y las acusaciones, la jueza Tapia ha defendido vigorosamente la imparcialidad y la autonomía judicial. Como presidenta subrogante de la CNJ, Tapia ha argumentado que las decisiones de los jueces deben ser inmunes a influencias externas para garantizar la justicia y el cumplimiento de la Constitución. “Las sentencias deben ser evaluadas por su contenido, no por opiniones políticas o coyunturales”, subrayó Tapia.
La Fiscalía, por su parte, ha defendido su actuación mediante un comunicado, asegurando que su autonomía y objetividad son cruciales para el sistema judicial. Aseguró que los allanamientos, que contaron con la autorización de un juez, se realizaron para recolectar pruebas relacionadas con los actos investigados, y que estas acciones son esenciales para combatir la corrupción en el país.
Entre los documentos incautados se encontraron registros relacionados con el Consejo de la Judicatura y medidas de reparación que favorecen a Terán, tales como el acceso a aparatos electrónicos y atención médica especializada. La Fiscalía ha señalado que estas medidas podrían estar vinculadas a las decisiones tomadas en el caso.
Desde la Corte Nacional, el presidente encargado, José Suing, ha hecho un llamado a respetar la independencia y la integridad judicial. Ha enfatizado la importancia de respetar las decisiones judiciales y el debido proceso para mantener la equidad en la administración de justicia.
Por otro lado, la jueza Daniella Camacho ha expresado su preocupación por lo que considera una posible persecución judicial. Camacho ha destacado que las acciones de la Fiscalía deben basarse en pruebas sólidas y no en presiones políticas, y ha afirmado que no se deben criminalizar las decisiones judiciales que se ajustan a la ley.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también ha manifestado un “enérgico rechazo” a los allanamientos, argumentando que estos afectan la independencia judicial y el Estado de derecho. La Aemaj sostiene que estos actos podrían tener motivaciones externas y pone en riesgo la legitimidad de las decisiones judiciales.
Por ahora, los detalles adicionales sobre las investigaciones y las pruebas recabadas permanecen confidenciales, ya que el caso sigue en una fase reservada. Las juezas involucradas han expresado su disposición a defender sus decisiones con fundamentos legales mientras la investigación continúa.
