El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza con el proceso para seleccionar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, iniciando con la convocatoria a una veeduría ciudadana que supervisará cada fase del concurso público. Esta sesión, prevista para el 6 de noviembre en Santo Domingo de los Tsáchilas, aprobará la convocatoria que permitirá la inscripción de ciudadanos interesados en vigilar el proceso, asegurando la transparencia en las cinco etapas que los postulantes deberán superar.
Este concurso público de méritos, oposición e impugnación seleccionará al reemplazo de Diana Salazar Méndez, cuyo mandato finaliza en abril de 2025. Aunque la veeduría se active próximamente, se estima que el concurso podría prolongarse durante más de un año. La publicación oficial del reglamento en el Registro Oficial, realizada el 30 de octubre de 2024, incluyó correcciones de fondo y forma que no se discutieron en el pleno del CPCCS, pero que son necesarias para el desarrollo del proceso.
El reglamento, aprobado por el CPCCS el 30 de septiembre con seis votos a favor y una abstención, ha generado controversia entre los gremios de abogados. Uno de los aspectos cuestionados es la prohibición de postularse a aquellos profesionales que hayan defendido casos vinculados al crimen organizado en los últimos diez años, incluyendo delitos como terrorismo, sicariato, secuestro y tráfico de drogas. Estas limitaciones están contenidas en las 21 restricciones que regulan quiénes pueden aspirar al cargo de fiscal general.
Uno de los cambios clave en el reglamento fue la modificación en el artículo 22, numeral 20. Inicialmente, se especificaba que quienes tuvieran una “sentencia condenatoria ejecutoriada” no podrían postularse. Con la fe de erratas, se corrigió a “cualquier tipo penal de los tipificados en el Código Orgánico Integral Penal”. Otro ajuste se hizo en la estructura de la prueba escrita, que es valorada en 30 puntos. El CPCCS aprobó una distribución inicial en la que 50% de las preguntas correspondían a derecho penal, 20% a derecho procesal penal, y el restante 20% se dividía entre gestión pública, derecho constitucional y derechos humanos. Tras la revisión, el CPCCS aumentó el porcentaje de preguntas en derecho penal al 60%, completando así los 100 puntos requeridos para el examen.
A diferencia de otros procesos, en esta ocasión el CPCCS ha decidido interrumpir la prueba escrita y práctica, realizando estas etapas solo después de que los candidatos hayan superado el proceso de impugnación ciudadana. Este concurso consta de cinco etapas principales: convocatoria y postulación, admisibilidad y reconsideración, calificación de méritos y recalificación, escrutinio público e impugnación, y finalmente oposición y recalificación. La selección final quedará en manos de los consejeros del CPCCS, quienes evaluarán el informe de la comisión ciudadana, compuesta por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía y cinco en representación de las funciones del Estado.
De esta manera, el concurso para elegir al nuevo fiscal general toma forma con ajustes en su reglamento y la supervisión de una veeduría ciudadana, en un esfuerzo por garantizar la integridad y transparencia del proceso.
