La alianza electoral entre Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), identificada con las listas 5-33, ha llevado su inconformidad con los resultados de las elecciones presidenciales del 13 de abril al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El bloque presentó un recurso subjetivo contencioso con el que busca que se revise la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando que fueron dejados en situación de «indefensión».
El recurso fue ingresado el pasado 1 de mayo por Francisco Estarellas, procurador de la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Luisa González Alcívar, quien disputó la segunda vuelta de los comicios. En el documento, la alianza sostiene que el CNE no habría dado respuesta adecuada a sus objeciones frente a los resultados oficiales proclamados, lo que vulneraría su derecho a la defensa y a un debido proceso electoral.
Este reclamo se convierte en un caso de alto perfil político, ya que implica a una de las fuerzas más representativas del correísmo, que desde el inicio del proceso electoral ha cuestionado la transparencia y legalidad de ciertas etapas del conteo y proclamación de resultados. El Tribunal Contencioso Electoral deberá resolver el recurso en última y definitiva instancia hasta el próximo 20 de mayo, según lo establecido en los plazos legales.
Desde la coalición RC-RETO se ha insistido en que el CNE no permitió el adecuado ejercicio del derecho a la impugnación, limitando su capacidad de presentar argumentos y pruebas en contra de los resultados presidenciales. Esta situación, según el recurso, configura un escenario en el que los principios de equidad y justicia electoral se habrían visto comprometidos.
En paralelo, representantes del movimiento han expresado en distintas plataformas que este proceso no solo busca una revisión técnica, sino también una señal clara de que las instituciones democráticas están dispuestas a garantizar un juego electoral justo para todas las agrupaciones políticas.
Con el proceso ahora en manos del TCE, se espera que la resolución contribuya a esclarecer las dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y a fortalecer la confianza en el sistema democrático del país. La decisión que emita el tribunal será definitiva, sin posibilidad de apelación.
