El 13 de septiembre, un grupo de alcaldes y abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en Quito, impugnando una resolución reciente de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Esta resolución, emitida el 4 de septiembre, impone restricciones al control de tránsito en los municipios clasificados como tipo B.
Entre los demandantes se encuentran los abogados Gonzalo Muñoz, André Benavides y Carlos Manosalvas, junto con varios alcaldes, incluidos José Intriago de Junín y Julio Meza de Balzar. Luis Garófalo, gerente de la Empresa Pública Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas-EP, también se sumó a la demanda.
Gonzalo Muñoz argumenta que la resolución de la ANT viola tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Según Muñoz, el artículo 264, numeral 6 de la Constitución establece que el control del tránsito es competencia de los municipios. Los municipios tipo B, que se consideran medianos y carecen de la capacidad operativa para asumir toda la responsabilidad con sus propios agentes, tienen derecho a utilizar medios tecnológicos como los radares de velocidad para ejercer dicho control.
André Benavides, otro de los abogados involucrados, afirma que la resolución de la ANT elimina de manera abrupta la competencia de tránsito de los municipios tipo B, lo que considera una reforma de facto a la ley de tránsito. Los demandantes piden a la Corte Constitucional que suspenda los efectos de la resolución y que el caso sea tratado con prioridad.
José Intriago, alcalde de Junín, expresó su preocupación por la posible pérdida de una competencia que se les había otorgado desde 2012. Intriago destacó que el uso de radares de velocidad ha sido fundamental para reducir los accidentes viales en su cantón, con una disminución de siniestralidad que ha pasado de un 12-15% a un rango de entre 0,6% y 1,2%.
Los alcaldes argumentan que tienen un mejor conocimiento de la realidad local y que el control de velocidad mediante radares ha sido crucial para mejorar la seguridad vial en sus comunidades. En respuesta a las críticas sobre la calibración de los radares, Intriago sugiere que, en lugar de retirar esta competencia, el Gobierno debería centrarse en verificar y mejorar la calibración de los dispositivos.
