El Ministerio de Energía de Ecuador ha comenzado el proceso de cierre de pozos en el bloque 43 ITT, que incluye las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha, ubicadas en la provincia de Orellana. Este movimiento se realizó el miércoles 28 de agosto, adelantando el cronograma previamente establecido. Este adelanto generó críticas por parte del colectivo Yasunidos, que considera el informe técnico presentado por el Gobierno a la Corte Constitucional como insuficiente.
La ceremonia, en la que se cerró el primer pozo denominado B-56, se realizó en presencia del ministro Antonio Goncalves. No obstante, el evento se llevó a cabo sin la presencia de medios de comunicación. En el cronograma original, entregado a la Corte Constitucional, se establecía que el proceso de apagado, cierre y taponamiento de los 246 pozos comenzaría el 30 de agosto y se completaría en cinco años y medio, es decir, para finales de 2029.
Durante el evento, el ministro Goncalves destacó que el cumplimiento de la consulta popular requiere de una planificación y logística especial. “El trabajo para cumplir con lo dispuesto en la consulta popular requiere una planificación minuciosa y un ordenamiento técnico,” comentó Goncalves. A pesar de que el documento enviado a la Corte menciona 246 pozos, el ministro hizo referencia a 247 en su discurso.
El cierre del pozo B-56 marca el inicio de la reducción progresiva del volumen de producción del bloque 43. El martes 27 de agosto, el ITT produjo 49,817 barriles de petróleo, superando en un 114.74% el objetivo para ese día. El día anterior, la producción fue de 48,398 barriles.
El Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono (CDA) del bloque 43 ITT, presentado a la Corte Constitucional, se divide en cinco fases que se extenderán hasta 2034. Las fases incluyen el apagado de los pozos hasta el 31 de diciembre de 2029, el desmontaje de las instalaciones hasta el 30 de agosto de 2030, y la revegetación y monitoreo hasta el 30 de agosto de 2034. El costo total estimado para el cierre y abandono es de aproximadamente $1,345 millones, mientras que la pérdida de ingresos podría variar entre $2,198 millones y $3,581 millones.
El colectivo Yasunidos, que promovió la consulta popular para proteger el Yasuní, ha criticado duramente al Gobierno. Aseguran que el informe técnico presentado es «deficiente y contradictorio» y que solo se ha cumplido una de las cinco medidas establecidas por la Corte y respaldadas por el mandato popular: la no firma de nuevos contratos. Yasunidos considera que la inacción del Gobierno es una burla al mandato popular y demanda que se convoque una audiencia para revisar el cumplimiento del dictamen.
El colectivo ecologista insiste en que el cierre del único pozo anunciado hasta ahora no cumple con el mandato de cierre ordenado y progresivo, y advierte que la falta de cumplimiento total refleja un desdén por la voluntad popular expresada en el referéndum sobre el Yasuní.
