El Gobierno Nacional y los movimientos indígenas firmaron un Acta por la Paz este 30 de junio de 2022, tras 18 días de movilizaciones en el país. Este es el resultado de diálogos y acuerdos por la convivencia pacífica, orden público y el desarrollo del Ecuador.
Pasadas las 14:00 del jueves 30 de junio de 2022, llegó el momento que esperaban los ecuatorianos. La llamada Acta por la Paz fue firmada por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por otros dirigentes indígenas y por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en representación del Presidente.
Esto tras la mediación entre los indígenas y el Ejecutivo realizada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
“Los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes, presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las Funciones del Estado, relacionadas con los puntos tratados”, reza parte del Acta, a la que monseñor David de la Torre, secretario de la CEE, dio lectura.
Dentro de los acuerdos para alcanzar la paz en el país, el Gobierno decidió:
- Reducir el valor del combustible Diésel, Extra y Ecopaís en un total de 15 centavos de dólar por galón. Es decir, 5 centavos adicionales a los ya dispuestos en el decreto N° 462. Y se trabajará en las políticas de focalización de subsidios.
- El Gobierno Nacional se compromete a derogar el Estado de Excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano.
- Se derogará el Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos.
- Se elaborará un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.
- Se reformará el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en:
- Áreas protegidas y territorios ancestrales.
- Zonas declaradas como intangibles.
- Zonas arqueológicas.
- Áreas de protección hídrica.
- Se garantizará la consulta previa, libre, e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas.
Además, previamente el Gobierno Nacional, durante los 18 días de movilizaciones, tomó las siguientes decisiones para atender las principales necesidades de los ecuatorianos: el fortalecimiento al control de precios de productos de primera necesidad; declarar en emergencia al sector de la salud; condonación de deudas hasta USD 3000 de BanEcuador; medidas compensatorias para el agro; duplicar el presupuesto de la Educación Intercultural Bilingüe y el incremento a USD 55 del Bono de Desarrollo Humano.
Tensión.
La jornada de mediación duró desde las 09:30 hasta pasado el mediodía. Esa fue la hora convocada por la CEE y en la que un grupo de indígenas se apostó en uno de los ingresos frontales del edificio.
Poco a poco llegaron delegaciones de las bases al auditorio de la CEE; hubo más de 100 personas.
Alrededor de las 10:37 se ubicaron en la mesa los dirigentes de tres organizaciones indígenas. Las autoridades de la Iglesia y del Gobierno demoraron; estaban afinando detalles. Luego, tras la lectura del Acta, Iza parecía estar de acuerdo con la propuesta; pero tras escuchar cada parte por separado, Iza reiteró que en el tema de los combustibles su demanda era la reducción de USD 0,40 y no los USD 0,15 que ofrecía el Gobierno en el documento.
El presidente de la Fenocin cuestionó que no se incluyera el tema de la condonación de deudas en la banca pública, de la que existe una normativa aprobada por la Asamblea Nacional. “Deberían decir cuándo se comprometen a emitir el reglamento para cumplir con la Ley de la Asamblea”, dijo al referir que la condonación debe ser para préstamos de hasta USD 10 000 y no USD 3 000, como ya estableció el Ejecutivo.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, planteó que no se criminalice a los líderes de las protestas; que se derogue el Decreto 151 sobre materia minera; se reforme el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y que se destine el 10% del fondo común para las nacionalidades.
Algunos miembros del movimiento indígena presentes pedían que no se firmara el documento en esas condiciones.
Antes estas discrepancias, Iza solicitó un tiempo para conversar con los dirigentes. Al volver aclaró para sus bases que el Acta propuesta por la comisión mediadora no fue un consenso con la dirigencia sino una propuesta valorativa. La CEE modificó el documento y se incluyó la elaboración de un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66, que solicitó Vargas.
Iza indicó que no firmaría si los dirigentes de base de la Conaie no estaban de acuerdo; al final sí hubo el apoyo. Lo propio hicieron quienes lo acompañaban.
No obstante, llegado el momento, Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, revisó el documento y dudó en colocar su firma. Se levantó, pero otro dirigente de la organización le sugirió que firmara. Así que, finalmente, lo hizo.
Para el seguimiento de los compromisos, el Gobierno Nacional y los representantes de la Conaie, Feine y Fenocin acordaron instalar una mesa de diálogo con metodología definida para el seguimiento de estos acuerdos y otros puntos, la misma que durará 90 días y en la que se garantizará la presencia de las Funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados.
