El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha actualizado recientemente el padrón electoral, integrando los datos del Registro Civil hasta el 15 de julio de 2024. Este ajuste es crucial para las próximas elecciones generales de febrero de 2025, en las que se elegirá al nuevo binomio presidencial y a los asambleístas.
El padrón electoral actual incluye 13.736.314 votantes, un incremento notable desde los 13.450.047 registrados en octubre de 2023, lo que representa un aumento del 2,1%. Además, se ha identificado un registro electoral pasivo de 928.839 votantes, lo que lleva el total a 14.665.153 personas mayores de 16 años habilitadas para votar.
Este registro pasivo contempla a aquellos que no han votado ni solicitado el certificado de votación en los últimos cuatro años, lo que podría indicar fallecimientos no registrados o migración al exterior. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 hay 13.119.326 personas de 16 años o más en Ecuador, lo que sugiere que la cifra del padrón podría estar ligeramente inflada.
La Constitución ecuatoriana establece que el voto es obligatorio para los mayores de 18 años, incluidos aquellos privados de libertad sin sentencia firme. Por otro lado, es facultativo para los adolescentes de 16 a 18 años, los mayores de 65 años, residentes en el exterior, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, personas con discapacidad y analfabetas, así como extranjeros empadronados.
Actualmente, el padrón incluye 1.859.100 electores con voto voluntario, aunque su participación efectiva en elecciones suele ser baja, con un promedio inferior al 20%. Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, destaca que esta participación residual se debe a la falta de incentivos para estos grupos y la necesidad de una mejor planificación comunicacional para atraer a los votantes jóvenes.
El exdirector del INEC, Byron Villacís, señala que el incremento en el padrón refleja el crecimiento poblacional y subraya la importancia de una adecuada coordinación entre el CNE y el Registro Civil. Villacís también menciona que el voto de militares y policías, que totaliza casi 80.000 personas, es significativo y puede influir en los resultados de las elecciones.
Además, hay un debate en torno a la participación de ciertos grupos en el proceso electoral. Algunos argumentan que el voto de militares y policías podría politizar sus funciones, mientras que otros defienden el derecho a voto de estos ciudadanos para evitar la discriminación. En el caso de personas con discapacidad, existe un debate sobre su capacidad para votar sin ser manipulados, aunque se sostiene que el principio de no discriminación debe prevalecer.
Las elecciones de 2025 se presentan como un escenario interesante, dado el perfil de los votantes jóvenes, que han vivido distintos cambios políticos desde 2008. La participación de estos grupos, así como la influencia de votantes con preferencias especiales, será clave para los partidos políticos en sus estrategias para captar nuevos seguidores.
