El acoso laboral sigue siendo una problemática vigente en Ecuador, especialmente en los espacios profesionales donde las jerarquías y relaciones de poder no siempre están equilibradas. De enero a marzo de 2025, el Ministerio del Trabajo ha recibido 302 denuncias formales por acoso laboral únicamente en el sector público, y en 2024 se superaron las 1.000 denuncias a nivel nacional.
Detrás de cada número hay una historia. Miriam, una profesional de la salud de 49 años (nombre protegido por motivos de seguridad), vivió una experiencia que marcó profundamente su carrera. Trabajó durante diez años en una clínica privada y durante siete de ellos mantuvo una relación laboral cordial y cercana con Marco, su colega, quien llegó dos años después de ella.
De la armonía al acoso
“La relación fue buena por muchos años, incluso éramos amigos”, relata Miriam. Pero ese ambiente cambió drásticamente. Marco comenzó a comportarse de manera hostil, promoviendo una campaña silenciosa contra ella. “Un día, sin razón, noté que mis compañeros dejaron de hablarme. Me ignoraban, me evitaban. Luego me enteré de que él había dicho que si alguien me hablaba, perdería el empleo”, cuenta.
Esta táctica de aislamiento es una forma de violencia psicológica. “Sentí que me borraban del lugar. Como si ya no existiera. Llegué a pensar que estaba loca”, confiesa Miriam, quien afirma que nunca recibió apoyo de la institución, a pesar de haber denunciado el hecho.
¿Qué es el acoso laboral y cómo se denuncia?
El acoso laboral se manifiesta en comportamientos persistentes que buscan desestabilizar emocional o profesionalmente a una persona en su entorno de trabajo. Puede ser ejercido por superiores, colegas o incluso subordinados, y va desde la exclusión social hasta amenazas, gritos o asignación injusta de tareas.
En Ecuador, los trabajadores del sector público pueden presentar sus denuncias en el Ministerio del Trabajo, mientras que en el sector privado existen canales internos y la posibilidad de acudir a instancias judiciales o laborales.
Según las autoridades, aún hay mucho temor a denunciar. “Muchos trabajadores temen perder su empleo o sufrir represalias”, señalan voceros del Ministerio.
Un llamado a la acción institucional
Los datos muestran una realidad que requiere atención inmediata. Con más de 300 denuncias en apenas tres meses de 2025, es evidente que las instituciones públicas también están involucradas en estos entornos de violencia silenciosa.
Organizaciones laborales y de derechos humanos exigen que se implementen políticas claras de prevención, que incluyan protocolos de atención, capacitaciones y sanciones efectivas. “El acoso laboral no solo afecta la salud mental del trabajador, también daña la productividad y el clima organizacional”, advierten especialistas en recursos humanos.
