El caso Magnicidio FV avanza con nuevas acusaciones formales. El próximo 18 de noviembre, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, reconocerán su firma en la acusación particular que sostienen contra José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y Xavier Jordán, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Según las jóvenes, la participación de los acusados fue determinante en la planificación, coordinación y ejecución del atentado, un hecho que —afirman— fue organizado con un alto nivel de estructura y reparto de funciones, propio de una red criminal compleja.
Las hermanas Villavicencio deberán presentarse ante la jueza Luz María Ortiz para ratificar su acusación dentro del proceso judicial que busca determinar la responsabilidad intelectual del asesinato del periodista y político de 59 años, quien fue candidato por la alianza Gente Buena-Construye.
Acusaciones sustentadas en pruebas periciales y financieras
El escrito presentado por su defensa resalta el poder político de José Serrano y Ronny Aleaga, ambos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana (RC). Serrano fue ministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Rafael Correa, mientras que Aleaga, exintegrante de los Latin Kings, fue asambleísta por UNES, coalición cercana a la RC.
De acuerdo con la parte acusadora, las diligencias judiciales —que incluyen interceptaciones telefónicas, análisis financieros, informes periciales y testimonios anticipados— revelan un plan común orientado a eliminar físicamente a Fernando Villavicencio.
El documento detalla que hubo coordinaciones logísticas, transferencias de dinero y monitoreo de movimientos del candidato, acciones que evidencian una estrategia organizada y no un acto espontáneo.
“Los procesados mantuvieron comunicaciones constantes, dirigidas y funcionales entre sí y con terceros, lo que permitió la preparación y ejecución del crimen”, señalan Tamia y Amanda Villavicencio en su acusación formal.
Los roles señalados a los cuatro acusados
José Ricardo Serrano Salgado, exministro de Justicia e Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, habría ejercido un dominio estratégico sobre sectores de la Policía Nacional, desviando información reservada del esquema de seguridad de Villavicencio. Según las víctimas, esto permitió detectar vulnerabilidades y facilitar el atentado.
Daniel Josué Salcedo Bonilla, condenado previamente por corrupción, es identificado como administrador del financiamiento ilícito que habría sostenido el operativo. Las pericias revelan transferencias de fondos, coordinación de pagos y ocultamiento contable, confirmando su papel en la logística financiera del crimen.
Ronny Xavier Aleaga Santos, exasambleísta por Guayas y procesado en el caso Metástasis, habría actuado como garante de impunidad y articulador político-territorial. La acusación indica que gestionó contactos con estructuras delictivas y operadores penitenciarios para proteger a los autores materiales y frenar investigaciones posteriores.
Xavier Edmundo Jordán Mendoza, con procesos judiciales por corrupción, es señalado como instigador directo y facilitador operacional. Según los testimonios, habría promovido la decisión criminal mediante videollamadas y chats donde se discutía “neutralizar” al presidenciable por motivos políticos y económicos.
Las hijas de Villavicencio también denunciaron hostigamiento e intimidaciones posteriores por parte de Jordán, lo que consideran una muestra de riesgo procesal vigente.
Un plan conjunto y deliberado
La acusación sostiene que el asesinato fue producto de una coautoría convergente, no de acciones aisladas. Según la reconstrucción presentada, Serrano habría debilitado la protección policial del candidato; Salcedo administró los recursos y logística; Aleaga aseguró cobertura política y criminal, y Jordán activó la fase final de ejecución.
“Todos actuaron con un mismo propósito: eliminar a Fernando Villavicencio”, concluyen las hijas del presidenciable, quienes piden que se reconozca su participación como víctimas indirectas y se juzgue la autoría intelectual del crimen que conmocionó al país.
