El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en marcha este lunes 27 de octubre la Mesa Nacional de Seguridad con miras al referéndum y consulta popular de 2025, programado para el próximo 16 de noviembre. El evento se desarrolló en las instalaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, en Quito, y contó con la participación de autoridades electorales y representantes de diversas instituciones del Estado.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto al vicepresidente Enrique Pita García y el consejero José Cabrera Zurita, destacó la relevancia de la coordinación entre más de 20 entidades estatales para garantizar que los comicios se desarrollen de manera segura, ordenada y transparente. “Esta actividad representa un hito técnico y humano que demanda coordinación, experiencia y rigor, resaltó Atamaint.
Por su parte, el director general del ECU911, Juan Carlos Paladines, aseguró que todo el contingente institucional estará operativo y reafirmó el compromiso de trabajar de manera conjunta con el CNE para proteger la integridad del proceso electoral.
La Mesa Nacional de Seguridad Electoral incluye a las principales instituciones de seguridad, gestión de riesgos, monitoreo de eventos adversos, salud, educación y justicia, quienes coordinarán acciones preventivas y operativas antes, durante y después de la jornada electoral.
El próximo 16 de noviembre, los 13.938.724 electores convocados deberán pronunciarse sobre cuatro preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa Azín. Tres de ellas se centran en reformas constitucionales: permitir bases militares extranjeras en Ecuador, eliminar la asignación de recursos estatales para partidos políticos y reducir el número de legisladores de la Asamblea Nacional de 151 a 100.
La cuarta pregunta corresponde a una consulta popular para decidir si se convoca a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna.
El CNE ha reiterado que trabajará en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos de emergencia para garantizar un proceso electoral seguro, transparente y con pleno resguardo del orden público, reforzando la confianza de los ciudadanos en los comicios.
