Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de tránsito avanzan hacia su segundo debate en la Asamblea Nacional y proponen cambios significativos orientados a reforzar la seguridad vial en Ecuador. Entre las medidas más destacadas se encuentra la implementación de una tolerancia cero al consumo de alcohol para conductores novatos y la obligatoriedad del uso de cascos con códigos QR para motociclistas.
Estas disposiciones forman parte de un paquete de modificaciones que busca recategorizar las contravenciones de tránsito, optimizar la gestión judicial y fortalecer la prevención de accidentes viales en el país. Según la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo (ADN), el informe se encuentra en preparación para su segundo debate y recoge aportes de diversos sectores sociales.
“Hay consenso en que los conductores que obtengan por primera vez su licencia y se encuentren dentro de los dos primeros años de vigencia no podrán tener ni una gota de alcohol en la sangre”, explicó Pozo.
En caso de incumplimiento, la sanción incluirá una multa equivalente a un salario básico unificado, la reducción de diez puntos en la licencia y su suspensión por treinta días. Para los conductores profesionales o con más de dos años de experiencia, se mantendrá una tolerancia máxima de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
La legisladora destacó que organizaciones civiles como Movilidad Segura han insistido en la necesidad de aplicar un límite del 0 % de alcohol, al considerar que la principal causa de siniestros viales está relacionada con la conducción en estado de embriaguez.
Además, se precisó que los vehículos retenidos por infracciones de tránsito solo serán devueltos una vez que se cancelen las multas, se cumpla el tiempo de retención y el examen de alcohotest sea negativo. Los propietarios de los automotores serán responsables solidarios del pago de las sanciones.
Otro punto clave de la reforma es la homologación del sistema de infracciones de tránsito, ya que actualmente cada municipio maneja sus propias competencias, lo que dificulta el pago de multas a nivel nacional. “Si un conductor comete una infracción en Carchi y quiere pagarla en Quito o Guayaquil, el sistema no lo permite. Eso debe unificarse”, señaló Pozo.
En cuanto a los motociclistas, las nuevas disposiciones establecerán el uso obligatorio de cascos con prendas reflectivas y códigos QR que permitan identificar al usuario. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) será la encargada de elaborar el reglamento correspondiente.
“El uso de cascos con QR permitirá mejorar el control de los casos de sicariato, ya que este tipo de vehículos son utilizados con frecuencia en delitos”, apuntó Pozo.
El asambleísta Blasco Luna (Revolución Ciudadana) añadió que es indispensable fortalecer los operativos de control bajo criterios técnicos y temporales, además de sancionar a los agentes y autoridades que incumplan la normativa. Luna también propuso que los cascos sean sometidos a controles técnicos y que los documentos de conducir puedan verificarse en línea, evitando la corrupción y las coimas en las carreteras.
El legislador Samuel Célleri (ADN) enfatizó la necesidad de regular la fabricación de cascos para garantizar su calidad, mientras que Milton Aguas respaldó la implementación del código QR como herramienta de transparencia y trazabilidad.
De acuerdo con datos recientes, solo en Quito se han registrado 210 muertes por siniestros de tránsito en lo que va de 2025, una cifra que preocupa a las autoridades y que refuerza la urgencia de las reformas.
Entre los cambios más relevantes también figura la reclasificación de la infracción por uso del teléfono celular mientras se conduce, que pasará de ser de sexta a primera clase. Con ello, la multa se incrementará en un 90 %, alcanzando el valor de un salario básico unificado, además de la reducción de diez puntos en la licencia.
La Agencia Nacional de Tránsito respaldó esta modificación, ya que conducir utilizando el celular figura entre las principales causas de accidentes en Ecuador. La reforma también prevé sanciones para autoridades que incumplan las nuevas disposiciones y promueve el uso de tecnología para transparentar los procesos.
El informe para el segundo debate del proyecto se presentará antes de finalizar el año, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, reducir la corrupción en los controles y prevenir siniestros en todo el territorio nacional.
