La jueza Patlova Guerra, quien formó parte del Tribunal de Apelación en el caso Magnicidio FV, fue apartada de sus funciones tras la aceptación de una recusación presentada por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio. La decisión fue adoptada por los jueces provinciales Patricio Vaca y Wilson Lema, integrantes del tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, quienes determinaron que existían elementos suficientes para dudar de la independencia e imparcialidad de la magistrada.
La recusación se fundamentó en antecedentes de la jueza Guerra, quien en 2019 falló a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en un caso de rebelión. Este fallo le valió reconocimiento público del expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana (RC). Según el abogado de las víctimas, Patricio Rosero, esta relación es relevante porque dentro de la investigación fiscal del magnicidio se ha mencionado al movimiento correísta y a sus figuras, incluidos Correa y Pabón.
Rosero argumentó que la jueza Guerra trabajó anteriormente en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Correa, bajo la dirección de la exministra Ledy Zúñiga. Esta trayectoria, según la defensa, generaba un posible conflicto de intereses que comprometía su independencia en el tribunal que debía resolver apelaciones clave dentro del proceso.
El juez Patricio Vaca, al sustentar la decisión de aceptar la recusación, señaló que la defensa demostró “de manera fehaciente” la relación de Guerra con el correísmo. “Se ha probado que la doctora intervino en causas vinculadas con miembros de la Revolución Ciudadana, lo que podría afectar su imparcialidad. Además, se evidenció que fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa en cargos de relevancia”, explicó el magistrado en su resolución.
Guerra integraba el tribunal que debía conocer la apelación de medidas cautelares en contra del exministro José Serrano y el empresario Xavier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. La Fiscalía buscaba cambiar las medidas de presentación periódica por prisión preventiva, pero la audiencia no llegó a instalarse. Un día después, la jueza Luz María Ortiz aceptó el pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva de ambos acusados.
En su defensa, la jueza Patlova Guerra sostuvo que la recusación carecía de sustento y que su actuación judicial siempre ha sido independiente. Aseguró tener una trayectoria limpia de más de tres décadas dentro de la Función Judicial y negó pertenecer a partido político alguno.
Sin embargo, tras el análisis del tribunal, se resolvió separarla del proceso. Se dispuso notificar a la unidad de sorteos de la Corte de Pichincha para designar a un nuevo magistrado que reemplace a Guerra, mientras el tribunal continúa con los jueces Vaca y Lema.
Durante la audiencia, Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, tomó la palabra y recordó la trayectoria periodística de su padre, subrayando que sus investigaciones revelaron entramados de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. “El hecho de que una jueza reciba el respaldo de un prófugo de la justicia debería alarmarnos. Nosotras como víctimas merecemos jueces sin vínculos políticos ni intereses personales”, declaró.
Villavicencio añadió que la jueza Guerra habría mostrado “predilección por personas de la Revolución Ciudadana” y que incluso habría trabajado como asesora en el Ministerio de Justicia cuando José Serrano, hoy procesado en el caso Metástasis, se desempeñaba como ministro del Interior.
Con la separación de Guerra, el proceso judicial por el magnicidio de Fernando Villavicencio avanza bajo una nueva conformación del Tribunal de Apelación, en medio de la expectativa ciudadana por esclarecer uno de los crímenes políticos más graves de la historia reciente del Ecuador.
