Las secuelas del paro indígena aún afectan gravemente a los sectores productivos de Imbabura. En los cantones Cotacachi, Otavalo y Atuntaqui, las gasolineras no registraron ninguna venta de combustibles durante los 31 días de protestas, mientras que en Ibarra la comercialización se redujo al 50 %. A pesar de que el transporte comenzó a normalizarse la mañana del jueves 23 de octubre, los tanqueros que transportan gasolina y diésel todavía no podían ingresar a Cotacachi por el cierre parcial de vías.
El presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, informó que las pérdidas en el sector de combustibles alcanzaron aproximadamente $15 millones. “Durante el paro se perdieron alrededor de $500.000 diarios porque las estaciones no pudieron operar. Hubo amenazas directas que impidieron la atención al público”, aseguró Rosero.
En Ibarra, la situación fue menos crítica gracias al suministro proveniente de Esmeraldas, aunque las ventas se redujeron a la mitad. Ante este panorama, el gremio solicita que el Servicio de Rentas Internas (SRI) conceda prórrogas en los pagos, tal como lo hizo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con las contribuciones patronales en Imbabura. Además, piden que el Gobierno emprenda acciones legales para exigir reparaciones por los daños causados durante las manifestaciones.
El impacto económico también golpeó con fuerza al sector florícola. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) reportó $27 millones en pérdidas, 36.000 empleos afectados, cinco fincas invadidas y un trabajador secuestrado, quien fue liberado seis horas después.
“Estos hechos son inaceptables y demuestran cómo la violencia ha superado cualquier reclamo legítimo”, expresó Alejandro Martínez, presidente de Expoflores. La asociación denunció que una de las incursiones ocurrió el pasado 6 de octubre, cuando alrededor de 200 manifestantes liderados por una dirigente de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) ingresaron a una finca florícola en la parroquia Quiroga, comunidad San Martín. El grupo habría emitido amenazas e intimidaciones contra el personal y las instalaciones.
Por su parte, la Unorcac negó los actos de violencia y sostuvo que existió un acuerdo con la empresa afectada para que trabajadores voluntarios —en su mayoría miembros de comunidades locales— participaran de forma rotativa en las movilizaciones, sin perder sus condiciones laborales ni salariales. Además, afirmaron que las decisiones sobre el tránsito en las vías comunitarias fueron adoptadas colectivamente por las bases indígenas de Cotacachi.
Aunque algunas fincas han comenzado a retomar sus actividades tras el levantamiento de los bloqueos, muchas aún enfrentan dificultades logísticas y pérdidas considerables. Tanto los distribuidores de combustibles como los productores florícolas coinciden en que la recuperación tomará semanas, e insisten en que el Estado debe garantizar seguridad y estabilidad para reactivar la economía local.
