Artículo para diario digital (lectura: 3–4 minutos):
El gobierno ecuatoriano implementó un nuevo mecanismo de condonación de deudas a través de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicada recientemente en el Registro Oficial y vigente desde el 13 de octubre de 2025. Esta normativa establece un proceso que permitirá a ciudadanos y empresas acogerse a la condonación parcial o total de créditos considerados de “dudoso recaudo” en las entidades de la banca pública.
La medida aplica tanto a instituciones activas como a aquellas en proceso de liquidación, ampliando el alcance del beneficio para una mayor población. Los créditos que entren en esta categoría, conocida como “categoría D”, podrán ser objeto de condonación siempre que el monto total de la deuda no supere los $10.000, incluyendo capital, intereses, multas, recargos, costas procesales y comisiones.
El Ejecutivo determinará las condiciones específicas mediante un decreto presidencial, asegurando que el proceso sea transparente y dirigido a quienes más lo necesitan. Según fuentes del Ministerio de Finanzas, la normativa dará preferencia a los sectores vulnerables o prioritarios, aplicando un esquema gradual que evalúe la capacidad socioeconómica de los beneficiarios. Esto significa que las familias y empresas en condiciones más desfavorables podrían acceder al beneficio de manera prioritaria.
Expertos en finanzas públicas destacan que esta medida busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos y optimizar la gestión de créditos incobrables en la banca estatal. “La condonación de deudas de hasta $10.000 permitirá liberar recursos y mejorar la eficiencia de las instituciones públicas”, señaló un analista del sector bancario.
El proceso también contempla controles y supervisión, garantizando que los beneficios se otorguen únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos. De acuerdo con los primeros estimativos del gobierno, se espera que esta medida pueda impactar positivamente en miles de deudores a nivel nacional, especialmente en regiones con menor acceso a servicios financieros.
Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del Ejecutivo por fortalecer la banca pública, mejorar la inclusión financiera y fomentar la recuperación económica, ofreciendo un alivio concreto a ciudadanos y pequeñas empresas afectadas por deudas de difícil cobro.
