En el corazón de Quito, específicamente en las avenidas Logroño y de la Prensa, una zona reconocida por su alto flujo vehicular y comercial, la tranquilidad se vio alterada la noche del jueves 19 de junio debido a la explosión de un artefacto aún no identificado, que podría tratarse de una granada o un taco de dinamita. Este evento, que generó alarma entre conductores, peatones y sobre todo comerciantes, refleja una preocupante escalada en los métodos usados por extorsionadores en la capital ecuatoriana.
Durante los primeros seis meses del año, se han reportado cuatro incidentes vinculados a explosivos en diferentes puntos de Quito, una cifra que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía. Los comerciantes, quienes son los más afectados directamente, expresan su inquietud ante la posibilidad de que estas acciones violentas se intensifiquen y afecten aún más la seguridad en sus negocios y en el sector comercial en general.
Uno de los propietarios de un bazar ubicado justo frente al lugar de la explosión observa atentamente las imágenes captadas por cámaras de seguridad mientras atiende detrás de las rejas del local, un claro reflejo del miedo y la vulnerabilidad que sienten los comerciantes en esta zona. “Esto ya no es solo una amenaza; es una realidad que puede poner en riesgo nuestras vidas y nuestros ingresos,” comentó preocupado.
El incremento de incidentes con explosivos responde a una estrategia de intimidación que grupos criminales utilizan para exigir pagos ilegales a los negocios. Según estadísticas oficiales, en lo que va del año, las denuncias por extorsión han aumentado un 18% en Quito, y el uso de artefactos explosivos representa un nuevo nivel de peligro que pone en alerta a la Policía Nacional.
Las autoridades han reforzado la vigilancia en puntos estratégicos y llaman a la población a reportar cualquier actividad sospechosa para prevenir futuros ataques. No obstante, la comunidad sigue demandando mayor presencia policial constante y acciones concretas para garantizar la seguridad de las calles y comercios.
Este contexto evidencia la urgente necesidad de implementar políticas integrales que combatan la extorsión y la violencia, protegiendo así a los ciudadanos y fortaleciendo la economía local frente a estas amenazas.
