La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio luz verde al trámite de juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La funcionaria es señalada por el legislador oficialista Fernando Jaramillo de presuntamente haber obstruido el proceso de elaboración del reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El inicio del procedimiento fue aprobado con el respaldo de los asambleístas del bloque de Gobierno. Según lo estipula el protocolo legislativo, la Comisión notificará formalmente tanto al legislador proponente como a la vocal procesada sobre el comienzo del proceso de fiscalización.
Restricciones legales y contradicciones en curso
Antes de aprobar el inicio del juicio, la mesa de Fiscalización revisó el informe jurídico presentado por la coordinación legal de la Asamblea. Dicho informe incluye una certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se detalla que aún está en curso un proceso electoral en el cantón Sevilla Don Bosco, perteneciente a la provincia de Morona Santiago, para el período 2025-2027.
Este detalle legal tiene implicaciones importantes. Según el artículo 19 del Código de la Democracia, mientras esté en marcha un proceso electoral, no se pueden ejecutar juicios políticos en contra de jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ni de vocales del CNE. Sin embargo, la norma no se refiere directamente al Consejo de la Judicatura, lo que ha abierto un debate jurídico y político sobre la legitimidad del juicio contra Goyes.
Acusación por supuesto boicot
El asambleísta Fernando Jaramillo sustenta su pedido de juicio en la presunta injerencia de Goyes para frenar la creación de un reglamento clave para la selección de jueces constitucionales. Según Jaramillo, este acto entorpece el funcionamiento institucional y representa una falta grave que debe ser sancionada políticamente.
Aunque la vocal aún no ha dado declaraciones públicas extensas sobre el tema, desde el Consejo de la Judicatura se ha señalado en ocasiones anteriores la importancia de seguir los procesos técnicos y normativos establecidos, lo que podría convertirse en parte de su defensa.
El caso se enmarca en un ambiente de creciente tensión institucional, donde el control político y judicial enfrenta serios cuestionamientos tanto por parte de legisladores como de organismos de la sociedad civil.
