El asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), Leonardo Berrezueta, no logró los votos necesarios para archivar el informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que investiga el presunto tráfico ilegal de combustibles en Ecuador. Esta investigación, conocida como el caso «Triple A», involucra a varios actores, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
El informe trata sobre el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, gas licuado de petróleo (GLP) y biocombustibles. Berrezueta, quien presentó la moción para archivar el caso, argumentó que, tras siete meses de investigación, no se había solicitado una prórroga y que el plazo para tratar el informe había vencido, lo que, según él, debería llevar a la Comisión a perder su competencia sobre el caso.
El legislador de RC también cuestionó las reiteradas suspensiones de las sesiones de la comisión, acusando que la fiscalización había estado dirigida principalmente hacia la empresa Copedesa y al alcalde de Guayaquil. Berrezueta subrayó que, a lo largo de este tiempo, se había hablado más del alcalde Álvarez que de otros actores involucrados, como la empresa Petronoboa.
La moción de archivar el informe fue respaldada por otros legisladores de RC y el Partido Social Cristiano (PSC), como Alexandra Arce, Otto Vera y Alexandra Castillo, quienes lograron reunir cuatro de los nueve votos necesarios. Sin embargo, los asambleístas Xavier Jurado, Diego Matovelle e Inés Alarcón, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), se opusieron a la propuesta. Rafael Dávila (Avanza) y Sandra Rueda (Construye) optaron por abstenerse.
La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), defendió la continuidad del proceso, afirmando que no existen plazos específicos para la fiscalización en estos casos, y que el archivo del informe depende únicamente de la cantidad de votos. Además, señaló que el argumento sobre el vencimiento de plazos es incorrecto, ya que la investigación fue originada dentro de la misma comisión, no por el pleno de la Asamblea, y el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no se aplica en este contexto.
Alarcón destacó que el objetivo principal de la investigación no era centrar la atención en individuos específicos, sino garantizar la transparencia en la gestión y control del sector de combustibles del país, dada su importancia para la seguridad nacional. La legisladora también explicó que la investigación había evolucionado y ahora abarcaba otros temas relacionados, como el robo de combustibles, el uso ilegal de estos recursos en minería ilegal y su vinculación con el narcotráfico.
La presidenta de la comisión subrayó que el trabajo realizado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral no estaba orientado a perseguir a personas, sino a fiscalizar el cumplimiento de las funciones públicas y la gestión de los recursos del Estado. En cuanto al caso del alcalde de Guayaquil, enfatizó que la comisión no tiene una mayoría oficialista, a diferencia de la Comisión de Justicia, que se ha centrado en otros temas relacionados con la política del gobierno.
Inés Alarcón también hizo una crítica a la agenda política de algunos asambleístas, sugiriendo que sus acciones no respondían al interés del país, sino a estrategias orientadas a desgastar la imagen del gobierno en un contexto electoral. En este sentido, invitó al asambleísta Fernando Cedeño (RC) a centrarse más en trabajar por el país que en seguir agendas externas.
