Guayaquil, Ecuador – La ya tensa situación de seguridad en Guayaquil sumó un nuevo capítulo de confrontación política este jueves, 12 de junio de 2025, durante la sesión del Concejo Cantonal. El debate se centró en la espinosa competencia de la seguridad y, de forma particular, en las recientes posturas de la gobernadora de la provincia del Guayas, Zaida Rovira, que fueron duramente criticadas por concejales afines al alcalde Aquiles Alvarez.
La pugna entre el Gobierno central (representado por la Gobernación) y el Municipio de Guayaquil por las responsabilidades en materia de seguridad ha escalado. La negativa de la gobernadora Rovira a reunirse con el alcalde Alvarez ha sido el detonante de la última fricción, llevando a los ediles a expresar su frustración de forma abierta.
El concejal Arturo Escala, uno de los principales voceros de la bancada cercana al alcalde, fue contundente al reiterar una postura ya conocida por el Cabildo: la competencia de la seguridad es del Estado central. Escala no se anduvo con rodeos y lamentó la falta de disposición para la colaboración: «Hay personas que no quieren aunar el hombro por sacar adelante la seguridad para la ciudad», afirmó, en una clara alusión a la actitud de la Gobernación.
Las declaraciones de Escala reflejan el sentir de un sector del Concejo, que percibe una falta de voluntad política para trabajar de forma conjunta en un tema tan crítico como la inseguridad que azota a Guayaquil. La ciudad, que ha sido epicentro del conflicto armado interno y blanco constante de bandas criminales, exige a sus autoridades una acción coordinada y sin fisuras. Sin embargo, la constante disputa por quién es el responsable o quién debe liderar los esfuerzos, se ha convertido en una barrera para una estrategia unificada.
El ambiente de confrontación llevó a expresiones más duras por parte de los concejales. Aunque el artículo no las cita directamente, la referencia a «no hay tiempo para cotorrear ni chismosear» en el título sugiere un cansancio ante las disputas estériles y un llamado a la acción inmediata. La ciudadanía de Guayaquil está hastiada de ver cómo la delincuencia avanza mientras sus líderes políticos discuten sobre jurisdicciones y competencias.
La coordinación entre el Gobierno central, la Gobernación y el Municipio es fundamental para implementar estrategias efectivas de seguridad, desde el despliegue policial y militar hasta la inversión en tecnología y programas de prevención. La falta de articulación debilita la respuesta estatal y deja un espacio para que las organizaciones criminales sigan operando con impunidad.
La exigencia de los concejales de Guayaquil a la gobernadora Zaida Rovira de dejar a un lado las diferencias y sentarse a trabajar en conjunto por la seguridad de la ciudad es un clamor urgente. La población no espera excusas ni confrontaciones, sino soluciones concretas y un liderazgo que ponga los intereses de los guayaquileños por encima de las disputas políticas. El desafío de la seguridad en Guayaquil es tan grande que requiere la unión de todos los estamentos del Estado.
