La filtración de audios relacionados con el caso Liga2 ha desatado una ola de reacciones políticas, acusaciones cruzadas y declaraciones que buscan aclarar —o desmentir— lo que se escucha en las grabaciones difundidas por la Fiscalía General del Estado (FGE). El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, ha sido señalado como la figura central en esta controversia, aunque él rechaza rotundamente ser el autor de las grabaciones o haber autorizado su existencia.
“Yo no grabé esas conversaciones ni ordené que se grabaran. Por tanto, no he violado la privacidad de nadie”, afirmó Verduga al referirse a los audios que ya circulan ampliamente en redes sociales y que forman parte del expediente judicial abierto por la Fiscalía. Según él, las grabaciones han sido “editadas y sacadas de contexto”, lo que pone en duda la veracidad de su contenido y su valor como prueba legal.
Las teorías sobre el origen de las grabaciones son múltiples y contradictorias. Algunos de los implicados sostienen que se trata de registros obtenidos sin consentimiento, mientras otros apuntan a una intervención ilegal por parte de la Fiscalía. Estas versiones han intensificado las tensiones políticas dentro del escenario nacional y también han generado acciones legales por parte de los involucrados.
Uno de los pronunciamientos más contundentes vino de la excandidata presidencial por el correísmo, Luisa González, quien no dudó en calificar la supuesta conducta de Verduga como “maquiavélica”. “Una persona que graba a sus colegas sin que lo sepan no tiene lealtad ni principios. Es una traición absoluta a la confianza política”, manifestó González, quien pidió que se esclarezca la autenticidad de los audios y el proceso mediante el cual se incorporaron al caso.
A medida que se intensifica la polémica, la FGE ha mantenido su postura de que las grabaciones forman parte de una investigación formal por presunta asociación ilícita y que su inclusión en el expediente se realizó conforme a los procedimientos legales vigentes. No obstante, abogados y expertos en derecho penal han comenzado a cuestionar la cadena de custodia de los audios, así como el uso de material cuya obtención aún no está completamente esclarecida.
Este episodio se suma a otros escándalos recientes que han sacudido la credibilidad de varias instituciones públicas, en un momento en que el país atraviesa una compleja coyuntura política y judicial. La incertidumbre jurídica que rodea al caso Liga2 no solo pone en tela de juicio la legalidad del proceso, sino que también amenaza con convertirse en un nuevo punto de quiebre en el ya frágil equilibrio de la política ecuatoriana.
