El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó el viernes 9 de mayo la suspensión de los derechos políticos de Priscila Schettini y Angélica Porras, tras atender un recurso de aclaración en el marco de un proceso electoral. Con esta decisión, la inhabilitación de ambas mujeres para ejercer cargos públicos fue confirmada, y ya consta en el Ministerio del Trabajo, impidiendo que Schettini pueda asumir su puesto como asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana (RC) en el nuevo periodo legislativo, que iniciará el 14 de mayo de 2025.
A pesar de que la resolución ya estaba en vigor, Schettini acudió a la Asamblea Nacional el mismo 9 de mayo para presentar los documentos requeridos para ocupar su curul como legisladora. Los funcionarios del Legislativo recibieron su documentación, ya que, en ese momento, la inhabilitación aún no aparecía en el sistema del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la confirmación oficial de la sanción significó que Schettini no podrá tomar posesión de su cargo como legisladora nacional, tal como había esperado.
Esa misma tarde, Schettini no asistió al evento realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, donde se entregaron las credenciales a los 15 legisladores nacionales y sus alternos electos. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la asambleísta publicó una foto en la que recordaba que fue elegida por el pueblo ecuatoriano para representar a la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, lo que generó una fuerte repercusión en la opinión pública.
La sanción de Schettini y Porras
El TCE no solo ratificó la suspensión de los derechos políticos de Priscila Schettini, sino también la de Angélica Porras. Ambas fueron sancionadas por la comisión de una infracción electoral de gran gravedad, de acuerdo con el artículo 279 del Código de la Democracia. Esta sanción responde a su involucramiento en un caso de violencia política de género con tintes racistas contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
En el fallo, el TCE determinó que Schettini deberá cumplir una suspensión de tres años de sus derechos políticos y pagar una multa de 50 salarios básicos unificados por su conducta, que incluyó promover la renuncia de Diana Salazar a la Fiscalía General del Estado en 2023. Por su parte, Porras recibirá una suspensión de dos años y una multa de 30 salarios básicos unificados por la misma infracción.
El Tribunal aprobó la sentencia con los votos de los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres, y los conjueces Édgar Toro Calderón y Álvaro Ojeda, mientras que la jueza Ivonne Coloma emitió un voto salvado. La sanción se considera un mensaje claro en cuanto a la violencia política de género y la necesidad de garantizar la igualdad y respeto en la participación política de las mujeres.
Contexto de la denuncia
La denuncia que dio lugar a esta sanción fue presentada por la Fiscalía General del Estado y sostiene que Schettini y Porras impulsaron una campaña pública para que Diana Salazar, la titular de la Fiscalía, renunciara a su puesto. Esta iniciativa fue calificada como una infracción electoral grave, especialmente por su impacto en la equidad de género en el ámbito político. En el marco de esta disputa, ambas mujeres fueron acusadas de promover discursos que atacaban la legitimidad de Salazar en su cargo, lo que constituye una violencia política dirigida a desacreditar su autoridad.
La sentencia emitida por el TCE también incluyó un análisis detallado de los hechos y se centró en la gravedad de las acciones de las involucradas, que no solo afectaron la integridad institucional, sino también el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas.
Implicaciones de la sentencia
Con la ratificación de la inhabilitación de Priscila Schettini y Angélica Porras, el TCE envió un mensaje claro sobre la necesidad de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales, así como el cumplimiento de las normas que rigen la participación política. Esta sanción también subraya la importancia de prevenir la violencia de género en el ámbito político y de asegurarse de que las instituciones estatales mantengan una actuación imparcial y respetuosa de los derechos de todas las personas.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo procederá con los pasos correspondientes para formalizar la inhabilitación de Schettini y Porras, asegurando que ambas no puedan ejercer cargos públicos durante el tiempo establecido en la resolución. Esta acción marca un precedente en la lucha contra la violencia política y en la promoción de la igualdad de género en la política ecuatoriana.
