La sentencia definitiva contra la vicepresidenta Verónica Abad fue emitida el 28 de marzo de 2025, cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de dos años. Esta sanción se deriva de una denuncia presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien acusó a Abad de violencia política de género. La medida afecta gravemente a la funcionaria, quien además de la suspensión de sus derechos políticos, deberá pagar una multa de 30 salarios básicos (aproximadamente $14.000) y ofrecer una disculpa pública a Sommerfeld, publicada en un medio de comunicación nacional.
El proceso judicial que culminó en esta resolución ratificó la responsabilidad de Abad en dos instancias del tribunal, con el voto mayoritario de los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres Maldonado y Joaquín Viteri. Este grupo de jueces consideró que se habían expuesto con claridad los fundamentos jurídicos que justificaban la sanción. La denuncia de Sommerfeld, que desencadenó este proceso, alega que Abad cometió violencia política de género en su contra. En consecuencia, además de la sanción de suspensión de derechos políticos, la vicepresidenta deberá cumplir con las otras medidas dispuestas por el tribunal.
El voto de mayoría explicó que las sanciones aplicadas no afectan otros derechos constitucionales de Abad fuera de los derechos de participación política. De acuerdo con el Código de la Democracia, las infracciones cometidas por funcionarios públicos en contextos electorales, especialmente en casos de violencia política de género, pueden acarrear sanciones graves, como la suspensión de la participación en procesos electorales y la incapacidad para ocupar cargos públicos.
La Constitución de Ecuador, en su artículo 61, define los derechos de participación de los ciudadanos, los cuales incluyen la facultad de elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, ser consultados sobre temas de interés nacional, fiscalizar los actos del poder público, y revocar el mandato otorgado a las autoridades electas. Además, la Constitución garantiza la posibilidad de desempeñar funciones públicas a través de un sistema transparente y democrático que asegure la participación inclusiva y equitativa en función de méritos y capacidades.
En el caso de Verónica Abad, la sanción afecta directamente su capacidad para ejercer estos derechos. La suspensión de sus derechos políticos implica que, de forma inmediata, ya no podrá desempeñar el cargo de vicepresidenta de la República ni su puesto diplomático en Turquía, donde había sido delegada por el presidente Daniel Noboa. Además, Abad no podrá votar en las elecciones del 13 de abril de 2025, correspondiente a la segunda vuelta presidencial.
Este fallo resalta la importancia de los derechos políticos en Ecuador, establecidos en la Constitución, y deja claro que los funcionarios públicos no están exentos de enfrentar consecuencias por violaciones graves de la normativa electoral y por actos que contravengan la equidad y el respeto a los derechos humanos.
