Acción de protección presentada por ADN busca anular resolución sobre licencia electoral y encargo de la presidencia
Los asambleístas Diego Matovelle y Jorge Chamba, pertenecientes a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), han presentado una acción de protección con medidas cautelares para impugnar la resolución tomada el 4 de enero de 2025 por el Pleno de la Asamblea Nacional. Dicha resolución obligaba a los legisladores candidatos a tomar licencia durante la campaña electoral. Esta medida, según los demandantes, carece de base constitucional y fue tomada sin el debido proceso legal.
La acción fue presentada el 11 de enero de 2025, y tras el sorteo, recayó en el juez Marco Antonio Tamayo Mosquera, quien es parte de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes en Quito. El juez negó las medidas cautelares solicitadas, pero calificó la acción constitucional, y programó la audiencia para el 21 de enero de 2025, en la cual se escucharán los argumentos de las partes involucradas.
Argumentos de la demanda: vulneración de derechos constitucionales
En la acción de protección, Matovelle y Chamba argumentan que se vulneraron sus derechos constitucionales al aprobarse una resolución que, según ellos, carece de justificación legal. La resolución fue adoptada durante una sesión plenaria presidida por Viviana Veloz (RC), quien, con el apoyo de la mayoría legislativa, dictó que los asambleístas candidatos a cargos de elección popular debían tomar licencia sin remuneración desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero de 2025. Además, en esa misma sesión, se nombró a una nueva presidenta de la Asamblea Nacional, lo que según los demandantes contraviene la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y las disposiciones sobre la sucesión presidencial establecidas por la ley.
Los demandantes consideran que la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) del 2 de enero también contribuyó a este escenario, al convocar al Pleno para tratar temas relacionados con la campaña electoral, un ámbito que, argumentan, debería estar regulado por el Código de la Democracia y no por la Asamblea Nacional. En este sentido, sostienen que la intervención del CAL en temas electorales no solo es inapropiada, sino que también ha generado una interpretación errónea de la ley, sobre todo en lo relativo a la licencia de campaña.
La controversia sobre el artículo 93 del Código de la Democracia
Uno de los puntos más controversiales de la acción constitucional es la interpretación del artículo 93 del Código de la Democracia, que regula las licencias para quienes se postulan en las elecciones. Los demandantes aseguran que la Corte Constitucional ya ha establecido que no corresponde aplicar la licencia electoral en situaciones de reelección cuando un legislador completa un período excepcional, como ocurrió en el caso de varios de los asambleístas involucrados.
Según los demandantes, la interpretación de la Corte Constitucional debería extenderse también al proceso electoral y al trámite de campaña, lo que hace innecesaria la licencia para aquellos legisladores que no se encuentran en un supuesto de reelección.
Denuncia sobre abuso de poder y violación de la sucesión en la presidencia
Los asambleístas de ADN también señalan que la actuación de la mayoría legislativa al conceder licencias y nombrar a la primera vocal del CAL, Esther Cuesta, como presidenta encargada, podría constituir un abuso de poder. Según la demanda, esta decisión no solo va en contra de la seguridad jurídica, sino que también vulnera la línea de sucesión establecida en el artículo 16 de la LOFL.
Los asambleístas demandantes argumentan que, al imponer una licencia sin remuneración y al revocar funciones esenciales del Consejo de Administración Legislativa (CAL), se está actuando de forma irregular, con el fin de manipular la situación política y el poder dentro de la Asamblea Nacional.
Medidas de reparación solicitadas por los demandantes
En su demanda, Matovelle y Chamba han solicitado las siguientes medidas de reparación integral:
- Anular la decisión de imponer una licencia sin remuneración desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero de 2025, ya que consideran que no tiene fundamento legal ni constitucional.
- Revocar el nombramiento de Esther Cuesta como presidenta encargada de la Asamblea y restaurar la línea de sucesión establecida en la ley.
- Dejar sin efecto los artículos 5 y 7 de la resolución legislativa, que suspenden los plazos de los trámites del CAL y delegan sus funciones al Pleno de la Asamblea, lo que según los demandantes compromete la independencia funcional de los órganos legislativos.
Próximos pasos: audiencia programada para el 21 de enero
La audiencia para tratar esta acción de protección se llevará a cabo el próximo 21 de enero de 2025, donde se espera que se escuchen los argumentos de todas las partes involucradas. Mientras tanto, los demandantes continúan luchando para que se restablezca el respeto a la ley y la Constitución, y para que se reviertan las decisiones tomadas en la sesión plenaria del 4 de enero.
