Quito, Ecuador – En un movimiento que promete encender el debate nacional, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha confirmado que incluirá un capítulo específico sobre sanciones a menores de edad que cometan delitos graves dentro de su próximo proyecto de ley urgente de innovación y de fortalecimiento de la gestión pública. Esta reforma penal, que se integrará en el segundo paquete económico urgente del Ejecutivo, busca cerrar las puertas a la impunidad en el crimen juvenil y ofrecer una respuesta más contundente a la creciente ola de violencia.
El anuncio fue realizado por el legislador Andrés Castillo (ADN), quien hizo una aclaración crucial para disipar malentendidos: «No estamos planteando que los menores de edad deban cumplir las penas como adultos, sino que se juzgue en las mismas condiciones que los adultos, sin que se acojan a las garantías por ser menores de edad». Esta distinción es fundamental y sugiere que, si bien la intención no es trasladar a los adolescentes a cárceles de adultos, sí se busca eliminar ciertos beneficios legales que, según el Gobierno, están siendo aprovechados por las organizaciones criminales para instrumentalizar a los jóvenes.
La propuesta de ADN surge en un contexto donde el crimen organizado ha reclutado activamente a menores de edad para cometer delitos de alta peligrosidad, aprovechando las «inimputabilidades» o regímenes penales más flexibles que la ley actual contempla para los adolescentes. Los grupos criminales han utilizado a jóvenes en roles de sicarios, extorsionadores y expendedores de drogas, con la certeza de que, de ser capturados, sus sentencias serían considerablemente menores a las de un adulto.
«No podemos continuar teniendo ese tipo de inimputabilidades que hacen que el crimen eche mano de los jóvenes», sentenció Castillo, reflejando la frustración del Gobierno y de amplios sectores de la ciudadanía ante la participación de menores en delitos graves como asesinatos, secuestros y robos armados. La reforma busca que la justicia actúe con mayor severidad y eficiencia en estos casos, sin que la edad del delincuente sea un escudo absoluto contra la responsabilidad penal.
Respecto al cumplimiento de la pena, el legislador aclaró que los menores sentenciados «tendrán que hacerlo en los espacios establecidos para el efecto». Esto implica que, aunque se les juzgue bajo condiciones similares a las de los adultos, su reclusión se dará en centros especializados para adolescentes infractores, que en Ecuador son conocidos como Centros de Adolescentes Infractores (CAI) o similares, y no en prisiones para adultos.
La implementación de esta reforma plantea varios desafíos y debates:
- Garantías constitucionales: Expertos en derecho penal y derechos de la niñez y adolescencia probablemente levantarán la voz para asegurar que cualquier modificación se alinee con las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos que protegen a los menores.
- Capacidad de los CAI: La posible llegada de menores con sentencias más largas y por delitos más graves podría exigir una reestructuración y un fortalecimiento significativo de la infraestructura y el personal de los centros de adolescentes infractores.
- Prevención y reinserción: Más allá de las sanciones, la discusión también debería centrarse en programas de prevención del delito en la juventud y en estrategias efectivas de reinserción social que eviten que los jóvenes vuelvan a caer en el crimen.
Esta propuesta legislativa es un claro indicador de la voluntad del Gobierno de Daniel Noboa de endurecer las políticas de seguridad y de combatir el crimen organizado desde todos los frentes, incluyendo la instrumentalización de menores. Su tramitación en la Asamblea será uno de los puntos calientes de la agenda legislativa en las próximas semanas.
