En el séptimo día de audiencias del caso Independencia Judicial, Wilman Terán, conocido como alias ‘Diablo’, presentó su testimonio como parte de su defensa, revelando detalles que señalan la existencia de una presunta red de influencias dentro del sistema judicial ecuatoriano. Según Terán, varias autoridades judiciales habrían realizado solicitudes directas para obtener favores en procesos y nombramientos, lo que pone en entredicho la independencia de la justicia en el país.
Recusación y controversias en el tribunal
El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán solicitó verbalmente la recusación del conjuez temporal Édison Fernando Cantos, argumentando falta de imparcialidad. Según Terán, Cantos estuvo involucrado como juez ponente en el caso Pantalla, que abordó testimonios relacionados con las acusaciones centrales del caso Independencia Judicial: la presunta obstrucción a la labor del juez Walter Macías, entonces miembro de la Corte Nacional.
El conjuez Olavo Hernández, en su respuesta, aclaró que la recusación debe seguir los procedimientos establecidos por la ley, citando el artículo 76 de la Constitución, que garantiza el debido proceso. Hernández subrayó que la demanda de recusación será tratada conforme a lo estipulado en el Código Orgánico General de Procesos y su norma supletoria en el Código Orgánico Integral Penal.
Revelaciones sobre una justicia politizada
En su testimonio de más de cuatro horas, Terán aseguró que el sistema judicial estaba sujeto a presiones políticas y describió reuniones con jueces que buscaban influir en decisiones clave. Entre los mencionados están José Suing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y otros jueces como Gilda Muñoz, Gustavo Durango, y Marco Rodríguez.
Terán también recordó visitas de Mercedes Caicedo, jueza que posteriormente lo condenó en el caso Metástasis. Según su relato, Caicedo habría solicitado apoyo para asegurar su nombramiento como jueza nacional en el concurso de 2023. Estas reuniones habrían ocurrido tanto en el piso 14 del CJ como en la Casona Judicial en Quito.
Otros jueces, como Pablo Loaiza, habrían buscado apoyo para evitar traslados a otras provincias, mientras que Julio Abierta y Felipe Córdoba habrían solicitado favores específicos, incluyendo designaciones en la dirección provincial del CJ en Azuay.
Acusaciones contra Iván Saquicela y más implicados
Wilman Terán también vinculó al expresidente de la CNJ y candidato presidencial, Iván Saquicela, con intentos de influir en nombramientos clave dentro del Consejo de la Judicatura. Según Terán, Saquicela habría presentado listas de nombres preseleccionados para ocupar cargos estratégicos, además de utilizar viajes académicos para evitar calificaciones negativas en sus casos de error inexcusable.
Entre otros implicados mencionados por Terán están el magistrado Roberto Guzmán, quien buscaba apoyo para ser juez nacional, y Alejandro Arteaga, que pidió no respaldar a Marco Rodríguez en su aspiración a la presidencia de la CNJ.
Señalamientos hacia la Fiscalía
Terán también denunció que ciertos jueces se convirtieron en objetivo de la Fiscalía por sus posturas en casos específicos. Entre ellos, mencionó a David Jacho, Adrián Rojas, y Enma Tapia, actual vicepresidenta encargada de la CNJ. Tapia fue quien permitió, mediante un habeas corpus, el traslado de Terán desde la cárcel La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito.
