Durante el primer año del mandato de Daniel Noboa, la contratación pública ha reflejado un enfoque notablemente limitado en la obra pública, con una inversión total de $3.447,2 millones entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Según los datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), de esa cifra, solo el 9,6% ($329,5 millones) ha sido destinado a proyectos de infraestructura. Esta asignación es considerablemente más baja que los aproximadamente $500 millones anuales que, en promedio, destina la Municipalidad de Guayaquil a obras públicas, según el especialista en contrataciones públicas, Manuel Macías.
La baja inversión en obra pública está vinculada a las limitaciones presupuestarias y las prioridades del gobierno de Noboa, que ha centrado sus recursos en la compra de bienes y servicios para mantener los servicios estatales. De los $3.447 millones, el 41,5% se ha destinado a la adquisición de bienes, como equipos de oficina y materiales relacionados con la seguridad energética.
Entre las obras más costosas de este periodo destacan dos proyectos vinculados a empresas chinas, adjudicados a través del régimen especial de contrataciones. La obra más cara es la construcción de la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, con un costo aproximado de $52,1 millones. Esta obra se adjudicó directamente a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, una subsidiaria de China Road And Bridge Corporation, bajo un proceso de contratación directa que excluyó la competencia abierta. Esta metodología, que Macías califica como de «emergencia», permite acelerar la contratación sin pasar por un concurso competitivo.
El segundo proyecto de alto costo es la rehabilitación del corredor vial Buena Fe-Jujan en Los Ríos, por $36,3 millones. Al igual que la cárcel de Santa Elena, esta obra fue adjudicada mediante un proceso similar, en el que solo una empresa, China Civil Engineering Construction Corporation, presentó su interés. Los expertos en contrataciones públicas, como José Morán, destacan que estos contratos reflejan un patrón de adjudicación directa a empresas estatales chinas, sumando un total de $88,4 millones en estos dos proyectos.
La contratación pública durante este período ha estado dominada por la compra de bienes y servicios, con un énfasis particular en la seguridad y la energía. Este enfoque ha llevado a una menor inversión en infraestructuras que algunos esperaban, lo que refleja las dificultades presupuestarias y las prioridades del gobierno actual. En cuanto a los contratos más destacados, el Ministerio de Educación también adjudicó un contrato significativo para el suministro de raciones alimenticias por $24,3 millones a Lácteos San Antonio, bajo el régimen común.
El sistema de contratación pública también ha priorizado los servicios, que representan el 39,7% del total invertido, lo que implica un gasto de $1.368,4 millones. Los contratos relacionados con la obra pública siguen siendo una fracción pequeña del total, y la falta de un enfoque agresivo en proyectos de infraestructura se ha convertido en una preocupación para sectores que creen que este es un momento clave para abordar las necesidades del país.
Finalmente, el gasto en contrataciones públicas ha sido liderado por Petroecuador, que ha adjudicado contratos por $297,5 millones este año, seguido por el Ministerio de Educación y varias empresas del sector energético. El 53,3% del total de las contrataciones del gobierno central y sus empresas públicas ha sido destinado a estos rubros.
Este panorama refleja las tensiones entre la urgencia de abordar las necesidades de infraestructura y los enfoques estratégicos del régimen de Daniel Noboa, que ha optado por priorizar la compra de bienes y servicios para hacer frente a la crisis económica del país.
