Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, ha emprendido acciones legales tanto a nivel nacional como internacional para contrarrestar la sanción de 150 días de suspensión sin remuneración impuesta en su contra. Este 11 de noviembre, su equipo legal acudió al Palacio Legislativo en Quito, donde solicitó a los legisladores que se pronuncien sobre lo que consideran una «arrogación de funciones» por parte de los Ministerios de Trabajo y de Relaciones Exteriores al imponer la sanción.
La defensa de Abad, encabezada por el abogado Damián Armijos, ha presentado una acción de protección ante la justicia ordinaria, solicitando medidas cautelares que impidan la suspensión de Abad mientras se resuelve el caso. Además, también han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano, protegiendo los derechos constitucionales de la vicepresidenta y resguardando su vida y seguridad.
“La Asamblea Nacional debe evaluar si existe una arrogación de funciones por parte de los ministerios involucrados y, en caso de hallar indicios de responsabilidad penal, informar a la Contraloría y a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones pertinentes”, explicó Armijos.
El conflicto comenzó el 8 de noviembre, cuando el Ministerio de Trabajo sancionó a Abad argumentando abandono injustificado de funciones, en base al artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Según el ministerio, Abad, quien cumplía funciones de embajadora por la paz en Israel, no llegó a Turquía el 1 de septiembre de 2024, como lo exigía un decreto presidencial.
La situación se originó luego de que el presidente Daniel Noboa, con quien Abad sostiene una relación tensa, ordenara su traslado temporal a Ankara debido a la crisis en Medio Oriente. El viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Barberis, informó que Abad debía comunicar la fecha de su llegada a Turquía, pero esta se produjo el 9 de septiembre, lo que motivó el proceso administrativo que resultó en la sanción.
En respuesta a esta medida, Abad ha denunciado la sanción como un acto de persecución política. Además, su equipo legal ha señalado que la suspensión no es definitiva y que apelarán la resolución a través de todos los mecanismos legales, incluyendo apelaciones y revisiones.
Mientras se resuelve la situación, Daniel Noboa ha designado a Sahira Moya, titular de la Secretaría Nacional de Planificación, como vicepresidenta encargada, aunque la defensa de Abad sostiene que ella sigue siendo la vicepresidenta legítima.
