La Asamblea Nacional de Ecuador discutirá este miércoles 13 de noviembre, a las 15:00, la solicitud de fiscalización planteada por la vicepresidenta Verónica Abad contra las ministras Ivonne Núñez, de Trabajo, y Gabriela Sommerfeld, de Relaciones Exteriores. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convocó la sesión plenaria para abordar esta solicitud, que se presentó en septiembre pasado, aunque la discusión no avanzó en ese momento.
La petición de Abad surgió tras la sanción administrativa impuesta en su contra, por la cual fue suspendida de sus funciones por 150 días. La vicepresidenta argumenta que, al tratarse de una dignataria electa, solo la Asamblea Nacional puede fiscalizarla y que, a pesar de las funciones adicionales asignadas como embajadora, sigue siendo vicepresidenta con control político del Legislativo.
Según el documento presentado, Abad afirma que su cargo de vicepresidenta no debería estar sujeto a un proceso de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), como dictaminó el Ministerio del Trabajo, sino que debe ser regulado por la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), en tanto su labor como embajadora ante el conflicto israelí-palestino fue designada por el presidente. Abad denuncia que la sanción constituye una forma de persecución política y sostiene que esta decisión tiene como objetivo impedir que ella asuma la presidencia interina, en caso de que el presidente se postule para reelección.
En su solicitud, Abad acusa a la Cancillería y al Ministerio del Trabajo de haber actuado de manera inconstitucional y solicita a la Asamblea investigar cómo estas instituciones han vulnerado sus derechos. En el caso del Ministerio del Trabajo, señala que la entidad ha “arrogado funciones” al iniciar un sumario administrativo, ya que solo la Asamblea tiene la facultad de destituir a una autoridad de elección popular en ejercicio de funciones.
Por su parte, la defensa de Abad alega que el gobierno ha buscado minar su autoridad a través de procesos administrativos sin base legal, una medida que consideran arbitraria. Esta situación, afirma, busca deslegitimar su rol como vicepresidenta y dañar la autoridad institucional de la Vicepresidencia.
Durante la sesión de este miércoles, se espera que los legisladores debatan la responsabilidad política de las ministras involucradas y si se justifica la fiscalización solicitada por Abad. De confirmarse, esta acción podría derivar en un proceso de responsabilidad política en el que se evaluaría el accionar de ambas funcionarias en el marco de sus competencias.
