El femicidio de María Belén Bernal, que conmocionó a Ecuador en septiembre de 2022, se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública debido a complicaciones judiciales que podrían retrasar su resolución por al menos un año más. La abogada quiteña fue asesinada el 11 de septiembre dentro de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, y su cuerpo fue descubierto diez días después en el cerro Casitagua, al norte de Quito.
El principal acusado del crimen, Germán Cáceres, quien es esposo de Bernal, confesó haber cometido el delito y fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión. En contraste, otro oficial, el teniente Alfonso C., fue declarado inocente, decisión que actualmente se encuentra bajo apelación.
Galo Quiñones, abogado defensor de la familia de Bernal, explicó que el proceso ha sido obstaculizado por problemas administrativos y decisiones judiciales controvertidas. Actualmente, el caso está en segunda instancia, pero la audiencia de apelación programada para septiembre fue nuevamente postergada debido a la suspensión de dos jueces que conocieron el asunto.
Según Quiñones, esta suspensión fue decidida por el Consejo de la Judicatura, que los separó del caso por un error administrativo grave relacionado con la modificación de un presupuesto estatal, algo que no entra dentro de sus atribuciones.
“Este tipo de situaciones no solo impacta el caso de María Belén, sino que también afecta otros procesos de femicidio en el país. Los jueces fueron suspendidos por 90 días, y ahora debemos esperar hasta noviembre para saber si serán reinstalados o destituidos. Esta dilación es inaceptable y prolongará el proceso judicial por al menos otro año”, afirmó Quiñones.
La audiencia de apelación realizada en abril de 2024 se extendió por más de ocho horas, pero la decisión esperada para el 10 de septiembre fue suspendida nuevamente por la falta de jueces. “Hemos presentado múltiples solicitudes para fijar una nueva fecha, pero las constantes postergaciones han complicando aún más el proceso. Si no se resuelve pronto, podríamos enfrentar una nulidad del caso”, advirtió.
El abogado destacó que si los jueces suspendidos son destituidos, el caso tendría que comenzar desde cero, lo que podría alargar el proceso varios meses más. “Estamos hablando de un nuevo sorteo de jueces para febrero de 2025, lo que significaría que la audiencia de apelación se celebraría, en el mejor de los casos, en mayo o junio de ese año, con una posible resolución final para octubre o noviembre de 2025”, explicó Quiñones.
La incertidumbre generada por estos retrasos ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que el caso termine en la impunidad. Sin una sentencia firme contra Cáceres y sin resolución sobre la inocencia de Alfonso C., el futuro del caso se ve comprometido. “Si no hay un fallo definitivo, cualquier eventualidad podría llevar a la absolución de los acusados, lo que dejaría a María Belén en la impunidad”, enfatizó.
El abogado también hizo un llamado urgente al Consejo de la Judicatura y a las autoridades judiciales para que agilicen el proceso. “No es aceptable que en casos tan serios como los femicidios se tarden meses en emitir una resolución. Esto no solo es una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, sino que también mina la credibilidad del sistema judicial ecuatoriano”, concluyó.
El femicidio de María Belén Bernal se ha convertido en un emblema en la lucha contra la violencia de género en Ecuador. Su madre, Elizabeth Otavalo, ha liderado múltiples movilizaciones y acciones legales exigiendo justicia por su hija.
