La próxima semana se reactivará el juicio político contra Mónica Palencia, ministra del Interior de Ecuador, impulsado por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, del bloque Revolución Ciudadana (RC). La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá para abordar las acusaciones que señalan un supuesto incumplimiento de funciones, en especial por la irrupción en la Embajada de México en Quito y la falta de un plan efectivo para combatir la creciente inseguridad en el país.
Este proceso se reinicia tras la decisión del juez Édgar Romero, quien ordenó a la Comisión revisar tres solicitudes de juicios previos archivados contra exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Tras esta revisión, se archivaron los pedidos y se priorizó el juicio en contra de Palencia.
El juicio político comenzó el 7 de agosto, cuando se unificaron dos solicitudes de interpelación. Sin embargo, se interrumpió en dos ocasiones: primero, debido a un receso legislativo y luego por la orden del juez Romero de revisar los juicios archivados, lo que incluyó la suspensión del proceso contra Palencia.
Una vez completada la revisión, la Comisión de Fiscalización retomará el trámite, permitiendo a la ministra contestar las acusaciones en su contra. Después, se procederá con las comparecencias de testigos y la presentación de pruebas, cerrando el proceso con los alegatos de las partes involucradas.
Acusaciones Clave
Las acusaciones contra Mónica Palencia incluyen su supuesta responsabilidad en la entrada de fuerzas de seguridad a la Embajada de México el 5 de abril, un hecho sin precedentes en el derecho internacional. Se sostiene que esta acción se llevó a cabo con el objetivo de capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la embajada tras recibir asilo político del gobierno mexicano.
Los asambleístas argumentan que esta acción no solo representa un incumplimiento de funciones, sino que también infringe el derecho internacional y la constitución ecuatoriana.
Críticas al Plan de Seguridad
En relación con su gestión de la seguridad pública, Palencia ha mencionado un «Plan Fénix», que supuestamente debería abordar la crisis de inseguridad en Ecuador. Sin embargo, las acusaciones indican que el plan es más un borrador que una estrategia articulada, ya que no se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo. Además, se critica la falta de claridad en la información sobre las muertes violentas, lo que dificulta un análisis efectivo de la situación.
Entre las causales del juicio se incluye la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», líder de la banda criminal Los Choneros, quien escapó de la prisión en enero de 2024. La defensa argumenta que la ministra no ha proporcionado datos precisos sobre este suceso y que no ha implementado políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia.
Los documentos presentados sostienen que Mónica Palencia ha incumplido el Decreto Ejecutivo 381, que establece su responsabilidad en la rectoría de la seguridad ciudadana. La acusación señala que no ha habido rendición de cuentas adecuada sobre incidentes relevantes, tanto a nivel nacional como internacional.
Conclusión
El juicio político a Mónica Palencia promete ser un punto crucial en el debate sobre la gestión de la seguridad en Ecuador. La próxima audiencia determinará si la ministra podrá continuar en su cargo o enfrentará consecuencias por su gestión durante un período crítico de inseguridad en el país.
