La reciente propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar la Constitución para permitir el regreso de bases militares extranjeras en Ecuador ha suscitado una fuerte oposición por parte de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Estas entidades advierten que deberán trabajar arduamente para informar a los jóvenes sobre los efectos negativos que tuvo la base militar estadounidense en Manta, que operó hasta 2009.
Luis Saavedra, director de Inredh, expresó su sorpresa ante el anuncio del Ejecutivo, señalando que Noboa parece desconocer los impactos de la base en Manta. Según Saavedra, quien ha investigado este tema, los informes de la Contraloría de EE. UU. indicaban que la base fue un fracaso en su propósito de controlar el tráfico de drogas. En 10 años, las operaciones desde Manta solo lograron la incautación de 1,776 toneladas de cocaína, una cifra significativa, pero que no se tradujo en arrestos ni en procesos judiciales claros.
Saavedra destaca que la cantidad de droga confiscada provenía de varias bases, no solo de Manta, lo que pone en duda la efectividad de la instalación en la lucha contra el narcotráfico. Además, menciona casos de personas desaparecidas en alta mar, lo que refuerza la postura de que las bases militares no contribuyeron a la seguridad ni al bienestar de la población.
Billy Navarrete, del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, coincide con Saavedra y subraya que la base de Manta vulneró derechos humanos, especialmente de pescadores artesanales cuyas embarcaciones fueron hundidas sin justificación. A su juicio, el problema radica en la falta de control del Gobierno ecuatoriano sobre las acciones de estas bases, lo que generó graves violaciones a los derechos humanos.
Ambos activistas consideran que el anuncio de Noboa podría tener intenciones electorales. Navarrete comenta que hay una maquinaria comunicacional que sofoca la crítica y plantea la necesidad de cuestionar si una base estadounidense realmente resolvería problemas como el hacinamiento en las cárceles.
Saavedra recuerda que en 2007, la decisión de cerrar la base de Manta fue un tema central en la campaña electoral, respaldado por más del 66% de la población. Argumenta que muchos jóvenes desconocen el impacto negativo de la base y que es esencial educarlos al respecto. Según él, el aumento de precios y el costo de vida en Manta no fueron compensados por el prometido desarrollo.
Los defensores de derechos humanos coinciden en que una de las soluciones debería ser fortalecer los sistemas de inteligencia del Estado, los cuales, afirman, están siendo desmantelados. Critican que la falta de presencia estatal en los barrios ha dejado a la población vulnerable ante el narcotráfico.
Por otro lado, algunos expertos en seguridad, como Mario Pazmiño, opinan que una base militar en Ecuador sería beneficiosa para combatir el crimen organizado. Afirma que la base de Manta había sido un obstáculo para las organizaciones delictivas, impidiendo la salida de drogas a puertos y aeropuertos. Además, sostiene que su cierre pudo haber sido un pacto con estas organizaciones criminales.
El presidente Noboa respalda esta visión, sugiriendo que la salida de la base fue parte de un acuerdo con el crimen organizado. Ahora, su reforma deberá ser presentada ante la Corte Constitucional, que definirá el proceso para su discusión en la Asamblea Nacional.
