La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha formalizado un pedido a la Asamblea Nacional para que se inicie una fiscalización de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y de la canciller Gabriela Sommerfeld, a quienes acusa de “persecución política”. En un oficio enviado al Legislativo, Abad sostiene que cualquier proceso de destitución en su contra debe ser manejado exclusivamente por la Asamblea.
En su solicitud, referida en el documento DACC-1709-2024, Abad se apoya en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a presentar quejas y recibir respuestas motivadas de las autoridades. La vicepresidenta detalla varios antecedentes que, a su juicio, justifican su petición de fiscalización.
Abad menciona que las acciones de las ministras, incluyendo decretos ejecutivos que la designaron embajadora en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, han sido un trato persecutorio. Además, se refiere a una orden que la obliga a estar físicamente en la oficina consular en Tel Aviv para asegurar un uso adecuado del gasto público. Según ella, estas medidas son denigrantes y buscan menoscabar su posición.
En cuanto a la ministra del Trabajo, su solicitud se vincula a un sumario administrativo abierto por supuestas irregularidades en el ejercicio de funciones. Abad alega que las atribuciones para procesarla y potencialmente destituirla son competencias exclusivas de la Asamblea Nacional.
El Ministerio del Trabajo inició el procedimiento administrativo el 10 de septiembre de 2024, alegando que Abad no cumplió con una orden de llegar a Ankara antes del 1 de septiembre, ya que llegó el día 9. En su petición, la vicepresidenta exige que se realice un control político a las ministras y que se evalúe su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, además de cualquier otra responsabilidad que surja de las acusaciones.
Abad también ha autorizado a sus abogados, Damián Armijos Álvarez, Dominique Dávila Silva y Éric Erazo Arteaga, para representarla en este proceso. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha emitido un pronunciamiento sobre el oficio de la vicepresidenta.
Cabe recordar que el 14 de junio, la Asamblea ya había respaldado a Abad al negar la autorización para que se inicie un juicio penal en su contra por el delito de concusión en el caso conocido como «Nene».
