El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está considerando introducir una serie de reformas al reglamento para el concurso público que elegirá al próximo Fiscal General del Estado, quien reemplazará a Diana Salazar Méndez cuando finalice su mandato en abril de 2025. Entre las propuestas que se están evaluando se incluyen la implementación de una prueba oral con casos prácticos, la verificación de la probidad notoria de los candidatos mediante mecanismos específicos, la participación de una veeduría internacional, y la conformación de un comité de expertos.
La idea de incluir estos elementos en el proceso de selección responde a la necesidad de garantizar la transparencia y la integridad en la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, en un contexto en el que la Fiscalía está inmersa en importantes investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, y asesinatos de autoridades locales y candidatos.
El martes pasado, varios miembros del CPCCS y sus asesores sostuvieron una reunión preliminar para discutir las fases y reglas del concurso. Durante este encuentro, se alcanzaron algunos consensos que podrían ser incluidos en el reglamento final, que aún está en fase de elaboración. Entre los acuerdos alcanzados se destaca la extensión del plazo para tomar una decisión final sobre el reglamento. Aunque inicialmente se había previsto resolver el tema este viernes, se reconoció la necesidad de más tiempo para el diálogo. Así, se ha planificado una nueva mesa técnica para el próximo martes, con la intención de finalizar el proceso y aprobar el reglamento el viernes 6 de septiembre.
Un aspecto controversial del proyecto de reglamento es la propuesta de exigir a los candidatos una prueba oral y demostrar una probidad notoria «intachable». Esta medida busca asegurar que la selección del nuevo Fiscal General sea justa y libre de dudas que puedan cuestionar el proceso.
