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Vicepresidenta Verónica Abad busca medidas cautelares ante la CIDH para evitar su suspensión de 150 días
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Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, solicita a la CIDH y a la justicia ordinaria medidas cautelares para revertir la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo.
Paráfrasis de la nota:
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad Rojas, ha iniciado una serie de acciones legales para impugnar la sanción administrativa que la suspendió del cargo durante 150 días. Abad, quien enfrenta la suspensión debido a un incidente relacionado con su asignación como embajadora de paz en Israel, ha recurrido a la justicia ordinaria y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares que protejan su derecho al debido proceso y su integridad.
Este lunes 11 de noviembre de 2024, el equipo de defensa de la vicepresidenta acudió al Palacio Legislativo en Quito para presentar una solicitud formal a la Asamblea Nacional. Según los abogados de Abad, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores podrían haber incurrido en una «arrogación de funciones» al aplicar una sanción administrativa sin el respaldo adecuado de la Asamblea. En este sentido, solicitaron que el Legislativo investigue la posible responsabilidad penal de los funcionarios involucrados y, en su caso, informe a la Contraloría General y a la Fiscalía General para que se inicie una investigación.
Damián Armijos, abogado defensor de Abad, destacó que la Asamblea Nacional debe determinar si el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores han actuado fuera de sus competencias, lo que podría implicar un acto ilegal que vulnera los derechos de la vicepresidenta. Además, la defensa ha solicitado una acción de protección ante la justicia ordinaria para evitar que se materialice la suspensión de la funcionaria, esperando que el sistema judicial dicte medidas cautelares para frenar la medida.
Paralelamente, el equipo legal de Abad también ha solicitado a la CIDH que emita medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la vicepresidenta, en especial su derecho a ocupar el cargo para el que fue elegida y a garantizar su seguridad personal. En su comunicación con la CIDH, los abogados subrayan que la medida adoptada por el gobierno ecuatoriano podría tener implicaciones sobre el orden constitucional del país.
El origen de la sanción contra Verónica Abad se remonta a un incidente ocurrido el 11 de septiembre, cuando el Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo contra ella. La sanción se basó en que Abad no llegó a Ankara, Turquía, antes del 1 de septiembre, tal como había sido requerido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Abad, quien fue designada embajadora de paz en Israel por el presidente Daniel Noboa, debía haber viajado a Turquía como parte de una reubicación temporal por el conflicto en el Medio Oriente. Sin embargo, Abad no arribó a Ankara hasta el 9 de septiembre, lo que desató el proceso administrativo que culminó con la suspensión.
Esta situación es particularmente compleja debido a la relación tensa entre Abad y el presidente Noboa. En agosto de 2024, el presidente Noboa emitió un decreto ejecutivo para reubicar temporalmente a Abad en Turquía, lo que generó un conflicto interno en el gobierno. Según Jaime Augusto Barberis Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores, Abad debió informar sobre su fecha de viaje antes del 1 de septiembre, lo cual no ocurrió. A raíz de esto, el Ministerio del Trabajo procedió a sancionarla.
El 7 de noviembre, la directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo, Ruth Stefanía Espinoza, aplicó la sanción de suspensión a Abad, aunque la defensa de la vicepresidenta argumenta que la medida aún no está en firme. Aseguran que continuarán utilizando todos los recursos disponibles, incluidos apelaciones y revisiones, para evitar que la sanción se ejecute.
Es importante señalar que, a pesar de la suspensión, Verónica Abad sigue siendo la vicepresidenta del país. No obstante, el presidente Daniel Noboa ha designado a Sahira Moya como vicepresidenta encargada, quien hasta ese momento se desempeñaba como titular de la Secretaría Nacional de Planificación. A pesar de este nombramiento temporal, los abogados de Abad insisten en que la segunda mandataria sigue en funciones, a la espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos.
