Este 8 de noviembre, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, compareció en una audiencia pública ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para presentar pruebas en su denuncia contra el presidente Daniel Noboa. La denuncia de Abad incluye ocho acusaciones de violencia política de género, entre las que destaca el supuesto “exilio forzoso” a Israel, donde fue enviada por Noboa como embajadora por la paz en el marco del conflicto en Medio Oriente.
La audiencia, presidida por el juez del TCE Guillermo Ortega, marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el presidente y la vicepresidenta. Abad acusa además a la canciller Gabriela Sommerfeld, a su exasesora Diana Jácome, y al exviceministro de Gobierno Esteban Torres, ahora candidatos a asambleístas, de haber incurrido en actos que, según ella, menoscaban su imagen pública y limitan su capacidad para cumplir funciones constitucionales.
Abad fundamenta sus denuncias en los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, que tipifican la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Según ella, el mandatario y su equipo han emitido declaraciones y tomado acciones que la han perjudicado directamente, impidiéndole cumplir su rol y dificultando su eventual capacidad de asumir la Presidencia en caso de ausencia temporal del mandatario. Entre sus reclamos, Abad señala que, tras ser enviada a Israel, fue posteriormente trasladada a Turquía, donde actualmente despacha desde un hotel en Ankara.
Durante la audiencia, los abogados de los denunciados intentaron que la demanda fuese desestimada, argumentando que Abad no asistió presencialmente a la audiencia y, por lo tanto, debía declararse en abandono. Sin embargo, la vicepresidenta designó a sus representantes legales para que defendieran su posición, y el juez Ortega procedió con la audiencia. Entre los testimonios, participaron virtualmente Jácome y Torres, quienes también forman parte del proceso.
La defensa de Abad detalló las acusaciones contra cada uno de los implicados: Noboa es acusado de ocho conductas que constituirían violencia política de género, incluyendo la decisión de enviarla a Israel. Sommerfeld es acusada de restringir su libertad de expresión y limitar sus derechos laborales, mientras que Jácome y Torres habrían realizado declaraciones que, según Abad, dañaron su imagen pública.
Ortega señaló que la audiencia se extenderá por varias horas antes de emitir un proyecto de sentencia en primera instancia. Las partes involucradas tendrán la posibilidad de apelar esta decisión, de ser necesario, y de llevar el caso ante el pleno del TCE para una resolución definitiva. En caso de ser hallados culpables, los sancionados podrían enfrentar multas de hasta 70 salarios, la suspensión de sus derechos políticos por hasta cuatro años o la destitución de sus cargos.
Por otro lado, la canciller Sommerfeld y Jácome también han presentado sus propias denuncias contra Abad por violencia política de género, casos que están siendo procesados en otros despachos del TCE.
