La controversia jurídica sobre la sanción impuesta a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, sigue generando debate. El fallo de la jueza Nubia Vera, que aceptó la acción de protección presentada por Abad para dejar sin efecto la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, no suspende su aplicación. Según el fallo, se declaró nulo el sumario administrativo que había suspendido a Abad por 150 días sin sueldo, y la jueza ordenó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofreciera disculpas públicas a Abad en un plazo de 72 horas. Este fallo se dictó con carácter de “inmediato cumplimiento”.
La ministra Ivonne Núñez manifestó a los medios que espera la notificación formal del fallo para presentar los recursos legales correspondientes. Sin embargo, Núñez cuestionó la decisión de la jueza, considerándola parcial y sin suficiente respaldo en las pruebas presentadas durante el proceso. En su opinión, la sentencia carece de claridad y objetividad, lo que podría afectar la imagen del poder judicial.
El recurso de apelación y su impacto
El artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las partes pueden apelar una sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. En este caso, el Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Corte Provincial. Sin embargo, tal apelación no suspendería la ejecución de la sentencia, lo que significa que Abad podría retomar sus funciones de inmediato, independientemente de los recursos legales en curso.
En paralelo, pocas horas después de conocerse el fallo, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en el que retiró a Sariha Moya de sus funciones como vicepresidenta encargada y nombró a Verónica Abad como consejera económica en la embajada de Ecuador en Turquía. En el decreto se le instruyó a Abad que se presente a su nuevo cargo en la embajada antes del 27 de diciembre de 2024. Además, se ordenó a la Cancillería coordinar su seguridad y a varios ministerios ejecutar las acciones legales y económicas necesarias para que Abad cumpla con su nueva misión diplomática.
Opiniones constitucionalistas sobre el rol de Abad
Los constitucionalistas José Chalco e Ismael Quintana analizaron las implicaciones de la sentencia a favor de Abad. Ambos coincidieron en que la principal función de la vicepresidenta es reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. De acuerdo con Chalco, es “indiscutible” que, si el presidente Noboa decide postularse nuevamente para la presidencia, debe solicitar una licencia para participar en la campaña electoral, lo que daría paso a la subrogación de Abad como presidenta. Según este criterio, la vicepresidenta asumiría el cargo en ausencia de Noboa.
Por otro lado, Quintana defendió que si Noboa no solicita licencia, Abad continuará ejerciendo su función como vicepresidenta, pero no lo reemplazaría, ya que no habría una causa que justifique su ausencia temporal. Esta postura, que defiende la no subrogación automática de Abad en caso de candidatura presidencial de Noboa, parece tener mayor apoyo dentro del régimen, como lo indicó el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una declaración reciente.
Posible conflicto con la reelección presidencial
El debate sobre si Noboa debe pedir licencia para la campaña se basa en una sentencia de la Corte Constitucional de 2010, que establece que si un presidente en funciones se postula a la reelección, debe solicitar licencia y dejar el cargo temporalmente. Sin embargo, el ministro de Gobierno sostuvo que, en este caso, al no tratarse de una reelección de Noboa, no sería aplicable la obligatoriedad de pedir licencia que establece el Código de la Democracia. Según esta interpretación, Abad no asumiría la presidencia si Noboa decide no pedir licencia.
El tema sigue siendo un punto álgido en la política ecuatoriana, ya que involucra tanto aspectos legales como decisiones políticas que podrían afectar el rumbo del gobierno. A medida que se presenten nuevos recursos y se tomen decisiones judiciales, el futuro de Abad en la política ecuatoriana dependerá de cómo evolucione este complejo escenario.
