Verónica Abad, exvicepresidenta de Ecuador, ha sido restituida en su cargo luego de que la jueza Nubia Vera aceptara su acción de protección, dejando sin efecto la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo. La jueza determinó que dicha sanción vulneraba sus derechos constitucionales y carecía de sustento legal. Asimismo, ordenó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofreciera una disculpa pública a Abad en un plazo máximo de 72 horas.
La disputa entre Abad y el presidente Daniel Noboa se intensificó desde que ella fue enviada a Israel como embajadora, y posteriormente trasladada a Turquía por presuntas razones de seguridad. Según Abad, estas decisiones fueron maniobras para apartarla de la vida política y limitar sus funciones constitucionales.
La jueza Vera también señaló que la suspensión impuesta no respetó los procedimientos administrativos correspondientes para funcionarios diplomáticos, quienes según la Ley de Servicio Exterior, disponen de 30 días para instalarse en su nuevo destino.
Pese a la decisión judicial, el Ejecutivo impidió el ingreso de Abad a la sede de la Vicepresidencia, militarizando el edificio y asignándole funciones remotas desde Turquía. Esta medida agudizó las tensiones entre los poderes del Estado y abrió un debate nacional sobre el respeto a la institucionalidad y la separación de poderes.
El pasado 24 de mayo, María José Pinto asumió formalmente la Vicepresidencia, marcando el fin del periodo de transición iniciado en noviembre de 2023. Durante los 17 meses de inactividad de la Vicepresidencia, Abad presentó dos acciones de protección en la justicia ordinaria para recuperar sus funciones.
El caso de Verónica Abad se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos políticos y la autonomía institucional, reflejando además las fricciones entre el Ejecutivo y el sistema judicial en el país.
