Verónica Abad, actual vicepresidenta de la República de Ecuador, ha reafirmado su posición en el cargo, desmintiendo cualquier intento de destitución tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En un comunicado emitido este jueves 3 de abril, Abad recalcó que sigue siendo la vicepresidenta legítima y constitucional, basándose en un documento reciente de la Asamblea Nacional que respalda su situación.
A través de sus redes sociales, Abad publicó una imagen de un oficio emitido por la Asamblea Nacional el martes 1 de abril de 2025, el cual fue firmado por el secretario general, Alejandro Muñoz. Este documento tiene un peso significativo, pues certifica que, a pesar de la sentencia del TCE que la suspendió de sus derechos políticos por dos años, no ha sido destituida de su cargo como vicepresidenta.
«La Asamblea Nacional, como el único juez natural del presidente y la vicepresidenta, acaba de certificar y reiterar mi actual condición legítima y legal ante los ecuatorianos como la vicepresidenta constitucional de la República», expresó Abad, dejando en claro que, según el pronunciamiento de la Asamblea, su suspensión no implica la pérdida de su puesto.
La sentencia del TCE había generado controversia al suspender los derechos políticos de Abad, lo que dio pie a especulaciones sobre su posible destitución. Sin embargo, el respaldo oficial de la Asamblea Nacional parece disipar esas dudas, al certificar que no ha habido un proceso de destitución formal en su contra.
La vicepresidenta también destacó que el respaldo de la Asamblea refuerza su legitimidad en el cargo, a pesar de las dificultades que pueda enfrentar debido a la suspensión de sus derechos políticos. Abad afirmó que continuará cumpliendo con sus funciones hasta el final de su mandato, aludiendo a su compromiso con el país y los ecuatorianos.
Este tema ha sido objeto de debate y polarización en la política ecuatoriana, pues ha puesto en cuestión las competencias del TCE y la Asamblea Nacional en cuanto a la interpretación y aplicación de las normativas constitucionales. Mientras algunos sectores apoyan el proceder del TCE, otros defienden la postura de Abad, considerando que la suspensión de sus derechos no debe interferir con su mandato constitucional.
La situación de Verónica Abad será un tema a seguir en los próximos días, especialmente a medida que la política ecuatoriana se prepara para los nuevos desafíos electorales y legislativos. La certidumbre sobre su posición en el gobierno y el reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional refuerzan su argumentación de que continúa ejerciendo sus funciones conforme a lo estipulado por la Constitución.
