Universidad Del Río plantea cambios constitucionales que requerirían una Asamblea Constituyente
A menos de un mes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, en el que se consultará a los ecuatorianos si desean convocar una Asamblea Constituyente, la Universidad Del Río (UDR) ha presentado un documento con 11 propuestas de reforma estructural al marco constitucional vigente.
El texto, elaborado por un equipo de académicos y juristas, aborda temas como la organización del Estado, los derechos fundamentales, el sistema judicial y el manejo de sectores estratégicos. Según la institución, las modificaciones propuestas “no pueden realizarse mediante simples enmiendas”, pues implican transformaciones de fondo que requieren un nuevo pacto constitucional.
“Los mecanismos actuales de reforma parcial no bastan para redefinir la estructura del Estado y sus funciones”, señala la UDR en su documento base.
Principales ejes de la propuesta de la UDR
1. Definición del Estado y derechos fundamentales
La Universidad Del Río propone redefinir al Ecuador como un “Estado constitucional de derecho” y reincorporar la Seguridad Jurídica como un derecho fundamental, al igual que en la Constitución de 1998. Este principio también se incluiría entre los deberes esenciales del Estado, garantizando estabilidad normativa y confianza ciudadana.
2. Nacionalidad
La UDR sugiere eliminar el numeral 3 del artículo 7, que otorga nacionalidad ecuatoriana por simple presencia en zonas de frontera. Se propone volver al modelo de 1998, que exigía vínculos comprobables con el país.
3. Organización territorial
El documento plantea revisar el modelo de regiones autónomas (artículo 244), inspirado en el esquema español, por considerarlo inaplicable a la realidad ecuatoriana.
4. Designación de altas autoridades
Se busca reemplazar el sistema de designación actual, calificado como “meritocracia falsa” por su vulnerabilidad a presiones políticas. Los partidos y movimientos serían responsables directos de los nombramientos de sus candidatos.
5. Consejo de la Judicatura
La UDR propone eliminar el Consejo de la Judicatura y reemplazarlo con un sistema disciplinario judicial independiente, con órganos de investigación y sanción internos en cada institución: Corte Nacional, Fiscalía y Defensoría Pública. Los jueces serían elegidos por el pleno de la Corte Nacional.
6. Justicia indígena
Se recomienda redefinir la justicia indígena para evitar conflictos con el Estado unitario. La propuesta busca volver al modelo de 1998, donde esta justicia operaba dentro de su ámbito interno y en armonía con las leyes nacionales. Además, se recuerda que el Convenio 169 de la OIT no establece sistemas judiciales paralelos, sino el respeto a las costumbres bajo la legislación nacional.
7. Sectores estratégicos y economía
El texto plantea eliminar el monopolio estatal sobre sectores estratégicos como energía o telecomunicaciones, argumentando ineficiencia y corrupción. Se promueve la apertura a la inversión privada nacional y extranjera, bajo condiciones de estabilidad normativa y seguridad jurídica. El modelo propuesto se inspira en la experiencia peruana.
8. Derechos de la naturaleza
Aunque la UDR defiende la protección ambiental, propone no equiparar la naturaleza con un sujeto de derechos humanos, al considerar que estos derivan de la dignidad humana. La institución sugiere que la defensa ambiental se sustente en tratados internacionales específicos, no en equiparaciones jurídicas.
9. Las funciones del Estado
La propuesta busca reducir las actuales cinco funciones a tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta manera, se eliminarían la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral, consideradas ineficaces y politizadas. El esquema clásico de tres poderes, según la universidad, fortalecería el equilibrio institucional.
10. Corte Constitucional y control político
La Corte Constitucional se mantendría, pero sujeta a control político mediante juicio en casos de abuso o prevaricato. La UDR argumenta que es necesario evitar que este órgano actúe como un “superpoder sin rendición de cuentas”, citando ejemplos de México y otros países latinoamericanos donde los jueces constitucionales pueden ser procesados por violaciones graves.
11. Reconfiguración del Poder Legislativo
La propuesta final plantea volver a un Congreso bicameral, con una Cámara de Representantes (baja) y un Senado (alta).
- La Cámara de Representantes estaría conformada por ciudadanos ecuatorianos mayores de 25 años, bachilleres, con al menos tres años de experiencia laboral y sin antecedentes penales.
- El Senado requeriría tener más de 35 años, título universitario y cinco años de experiencia, sin sanciones judiciales.
El Senado asumiría funciones de control político de alto nivel, deliberación reflexiva, revisión legislativa y ratificación de tratados internacionales.
Contexto político y social
Estas propuestas se presentan en un contexto de debate nacional sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo. El referéndum del 16 de noviembre será determinante para definir si Ecuador abre la puerta a un nuevo pacto constitucional, tras 16 años de vigencia de la Carta de Montecristi.
