Denuncia contra Cynthia Gellibert y Daniel Noboa por presunta usurpación de funciones públicas
Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta encargada por el presidente y candidato Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 494 el pasado 4 de enero, enfrenta una denuncia penal por presunta usurpación y simulación de funciones públicas. La acusación fue presentada por el movimiento político Unidad Popular, lista 2, ante la Fiscalía General el miércoles 8 de enero.
El delito señalado está estipulado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece:
- Quien ejerza funciones públicas sin autorización o simule un cargo será sancionado con prisión de uno a tres años.
- En caso de continuar en funciones tras ser destituido, suspendido o declarado en interdicción, la pena será de seis meses a un año.
Contexto de la denuncia
La controversia surge tras la emisión de dos decretos por parte de Daniel Noboa. En el Decreto 494, se designa a Gellibert como vicepresidenta encargada, y en el Decreto 500, Noboa argumenta que su campaña política configura una situación de fuerza mayor, lo que justifica su ausencia temporal de la Presidencia de la República entre el jueves 9 de enero a las 17:00 y el domingo 12 de enero a la misma hora.
Unidad Popular sostiene que estas designaciones y la interpretación de «fuerza mayor» no cumplen con las normativas legales, calificándolas como un acto que simula funciones públicas y viola la Constitución y el COIP.
Implicaciones legales
De ser hallada culpable, Gellibert podría enfrentar una pena de prisión de uno a tres años, según la naturaleza del delito establecido en el COIP. La denuncia también incluye a Noboa, señalando que la emisión de los decretos podría constituir un abuso de poder y una falta grave en el marco legal.
Este caso ha generado debate en los sectores políticos y ciudadanos, pues pone en el centro de la discusión el uso de decretos ejecutivos para justificar ausencias temporales y la delegación de funciones públicas en el contexto electoral.
Próximos pasos
La Fiscalía General del Estado investigará las denuncias presentadas, evaluando los elementos de convicción necesarios para determinar si procede una imputación formal contra los acusados. Mientras tanto, la situación plantea interrogantes sobre los límites legales en la delegación de funciones durante periodos electorales.
